Duterte gana elecciones municipales en Filipinas desde la prisión en La Haya

Rodrigo Duterte ha sido reelecto como alcalde desde su celda en La Haya.

El ex presidente de Filipinas ha logrado nuevamente el cargo de alcalde en su ciudad natal, Davao, a pesar de encontrarse encarcelado a miles de kilómetros en la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, donde enfrenta acusaciones por presuntos crímenes de lesa humanidad.

Según reporta RT, Duterte, de 80 años, fue arrestado por las autoridades filipinas en el aeropuerto internacional de Manila en marzo y trasladado a La Haya, donde se le juzga por su política de "guerra contra las drogas". De acuerdo con la legislación filipina, los candidatos que enfrentan cargos criminales pueden postularse para un cargo público siempre y cuando no hayan sido condenados y todas las apelaciones hayan sido agotadas.

Resultados preliminares y apoyo popular

Los resultados preliminares indican que Duterte ha obtenido más de medio millón de votos en Davao City, cifra que casi duplica la cantidad obtenida por su competidor más cercano. El ex mandatario se desempeñó como alcalde durante dos décadas antes de asumir la presidencia en 2016. Se espera que los resultados oficiales sean anunciados dentro de una semana.

Su hija menor, Veronica, celebró el triunfo con un mensaje en Facebook: "¡Victoria aplastante para Duterte en Davao!". El apoyo abrumador que recibió refleja el "rechazo total" del público hacia los intentos de "desestimar" su legado, según lo expresado por su abogado y citado por la agencia de noticias ABS-CBN.

Alegaciones y controversias

Los seguidores del ex presidente vitorearon su nombre mientras se anunciaban los primeros conteos. La CPI sostiene que entre 2016 y 2022, Duterte supervisó "escuadrones de la muerte" responsables del asesinato de presuntos narcotraficantes y consumidores. Aunque ha negado cualquier delito, ha admitido que la represión fue violenta.

Registros gubernamentales indican que al menos 6,200 personas fueron asesinadas durante operaciones policiales. Sin embargo, grupos defensores de los derechos humanos afirman que el número real podría ser considerablemente mayor.

Algunos defensores de los derechos humanos han calificado el arresto de Duterte como ilegal, señalando que Filipinas se retiró de la CPI en 2019 bajo sus órdenes. No obstante, la corte argumenta que mantiene jurisdicción sobre los crímenes cometidos mientras el país aún era miembro.

Los abogados del ex presidente han presentado una petición acusando al gobierno filipino de "secuestro", alegando que la extradición violó tanto la legislación nacional como internacional.

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