Sumar

El Partido Popular (PP) ha denunciado que el PSOE y Sumar están utilizando la Mesa del Congreso para bloquear iniciativas por intereses partidistas, lo que prolonga su permanencia en el poder. La diputada Edurne Uriarte acusó a estos partidos de paralizar al menos 144 iniciativas legislativas, impidiendo así el ejercicio del derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos. El PP critica que esta obstrucción se basa en motivaciones puramente políticas y no en el buen funcionamiento del Parlamento, advirtiendo que este comportamiento perjudica a los ciudadanos al no abordar sus principales preocupaciones. Además, se menciona que el Tribunal Constitucional ha señalado vulneraciones del derecho de participación política debido a estas prácticas.

Daniel Pérez, diputado del Grupo Popular, critica al presidente Pedro Sánchez por intentar convalidar el Real Decreto Ley sobre alquileres, argumentando que lo hace por miedo a perder poder y apoyo de sus socios. En el Pleno del Congreso, Pérez sostiene que este decreto es una medida improvisada y propagandística, que no aborda realmente la política de vivienda. Acusa al Gobierno de haber convertido la vivienda en un problema central para los españoles, enfrentando a propietarios e inquilinos y señalando que las políticas actuales han hecho que los jóvenes deban destinar más del 100% de su salario para alquilar. Además, denuncia la falta de cumplimiento de promesas relacionadas con la construcción de viviendas y asegura que hay una mayoría dispuesta a cambiar el rumbo actual.

El diputado del GPP, Guillermo Mariscal, criticó en el pleno del Congreso la falta de responsabilidad del Gobierno tras el apagón que afectó al sistema eléctrico. Cuestionó por qué, si todo era "fantástico", se han realizado cambios costosos para los ciudadanos, como una operación reforzada que asciende a 1.100 millones de euros. Mariscal denunció la obstrucción por parte del PSOE y Sumar a la Comisión de Investigación sobre el apagón, lo que genera desconfianza en los ciudadanos hacia el Ejecutivo. Además, criticó la gestión de Red Eléctrica y su presidenta, Beatriz Corredor, señalando que su experiencia no es suficiente para abordar la crisis energética actual.

El Ministerio de Consumo, liderado por Pablo Bustinduy, ha anunciado un cambio normativo para combatir las llamadas comerciales no consentidas. Este nuevo marco legal obligará a las compañías telefónicas a identificar con códigos específicos las llamadas comerciales y de atención al cliente, permitiendo el bloqueo de aquellas que no cumplan con esta normativa. Además, se declararán nulos los contratos obtenidos a través de estas llamadas no autorizadas y se exigirá la renovación del consentimiento cada dos años. Estas medidas buscan proteger los derechos de los consumidores frente al creciente número de quejas sobre acosos telefónicos. Para más información, visita el enlace.

Miguel Tellado, secretario general del Partido Popular, ha anunciado un paquete legislativo destinado a abordar los problemas de los ciudadanos una vez que el Congreso se libere de lo que califica como "ocupación" por parte del PSOE y Sumar. En una entrevista, destacó la intención de Alberto Núñez Feijóo de legislar en favor de los españoles y mencionó un Plan Nacional de Vivienda que incluye la construcción de un millón de viviendas. Además, el PP tiene registrada una ley contra la okupación que permitiría desalojar a ocupantes en 48 horas, actualmente paralizada por el Gobierno. Tellado también criticó la política migratoria actual y subrayó la necesidad de un gobierno que promueva la cooperación con las comunidades autónomas.

Jaime de Olano, portavoz adjunto del GPP en el Congreso, ha denunciado que el Gobierno ha dado un paso más en su sectarismo y deriva antidemocrática durante el trámite de comparecencias sobre el Proyecto de Ley de gobernanza y ordenación de medios de comunicación. Criticó que PSOE y Sumar vetaran a expertos sin tacha profesional mientras permitieron la comparecencia de Meritxell Borràs, condenada por desobediencia al Constitucional. De Olano calificó esta situación como una "broma de mal gusto" y una muestra del intento del Gobierno de silenciar voces críticas en el ámbito democrático.

España está considerando un aumento significativo en los impuestos sobre las criptomonedas, con propuestas que elevarían la tasa del 30% al 47% para individuos y establecerían un 30% para empresas. Este cambio, impulsado por el grupo parlamentario de izquierda Sumar, ha generado una fuerte reacción entre expertos que advierten sobre la posible fuga de capitales. Economistas critican estas medidas como ataques inútiles contra Bitcoin y sugieren que podrían llevar a los residentes a abandonar el país si las tasas se vuelven prohibitivas. Mientras tanto, otras naciones como Japón están reduciendo sus tasas impositivas para atraer a inversores. La situación plantea riesgos de caos en el sistema fiscal español y podría empujar a los usuarios legítimos hacia la clandestinidad, lo que subraya la necesidad de claridad fiscal en lugar de coerción.