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Decreto alquiler
29/04/2026@16:41:16
Daniel Pérez, diputado del Grupo Popular, critica al presidente Pedro Sánchez por intentar convalidar el Real Decreto Ley sobre alquileres, argumentando que lo hace por miedo a perder poder y apoyo de sus socios. En el Pleno del Congreso, Pérez sostiene que este decreto es una medida improvisada y propagandística, que no aborda realmente la política de vivienda. Acusa al Gobierno de haber convertido la vivienda en un problema central para los españoles, enfrentando a propietarios e inquilinos y señalando que las políticas actuales han hecho que los jóvenes deban destinar más del 100% de su salario para alquilar. Además, denuncia la falta de cumplimiento de promesas relacionadas con la construcción de viviendas y asegura que hay una mayoría dispuesta a cambiar el rumbo actual.
Seguridad mujeres
Nidia Arévalo, portavoz adjunta del GPP en el Senado, ha exigido la dimisión de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante una sesión de control al Gobierno. Arévalo criticó los fracasos en las políticas de protección a las mujeres y denunció la creciente inseguridad y falta de recursos para las víctimas de violencia de género en España. La senadora calificó a Redondo como "vendehúmos" por anunciar medidas sin respaldo adecuado y subrayó el aumento de muertes y agresiones machistas. Además, acusó al Gobierno de no gestionar correctamente los sistemas de protección, instando a la ministra a renunciar por su incapacidad para garantizar la seguridad real de las mujeres.
Precariedad juvenil
El senador del PP, José Ramón Díez de Revenga, ha cuestionado a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, afirmando que su gestión está condenando a una generación de jóvenes a la precariedad. Durante un debate, criticó la falta de viviendas y la ineficacia del Gobierno para abordar el problema habitacional, señalando que no se han construido las 184.000 viviendas prometidas. Además, destacó que tres de cada cuatro jóvenes menores de 35 años no pueden independizarse debido a las políticas actuales. Díez de Revenga instó al Gobierno a escuchar las necesidades de los jóvenes en lugar de repartir culpas.
Política nacional
El Partido Popular (PP) ha presentado un documento a la Mesa del Congreso, denunciando la estrategia del PSOE de "mentiras, interrupciones e insultos" durante las sesiones plenarias. La portavoz del PP, Ester Muñoz, argumenta que el comportamiento del Grupo Socialista es contrario al respeto y la conducta esperada en el hemiciclo. El escrito menciona ejemplos específicos de acusaciones falsas y descalificaciones por parte de miembros del PSOE, así como la falta de intervención adecuada por parte de la Presidencia. Muñoz solicita que se recuerden los principios de conducta a los socialistas y reitera la petición de dimisión de Francina Armengol para preservar el decoro del Congreso ante su supuesta implicación en una trama de corrupción.
Fondos europeos
El Partido Popular ha solicitado la comparecencia de 13 ministros para esclarecer los bajos niveles de ejecución de los fondos europeos, a solo cuatro meses de que venza el programa Next Generation. Denuncian que 12 de los 22 Ministerios tienen menos del 32% de pagos realizados y han registrado 110 preguntas para exigir respuestas sobre la gestión de estos fondos. El Gobierno enfrenta críticas por la reducción de compromisos y retrasos en proyectos clave, lo que pone en duda su capacidad para cumplir con los objetivos establecidos. La falta de coordinación y una gestión ineficaz son señaladas como las principales causas del bajo rendimiento en la ejecución de estos fondos.
Política judicial
En el Pleno del Senado, la portavoz de Justicia del GPP, Pepa Pardo, acusó al ministro de Justicia, Félix Bolaños, de liderar un "linchamiento público" contra jueces que emiten resoluciones desfavorables. Pardo criticó la falta de respeto a la independencia judicial y la separación de poderes, señalando que Bolaños ha presionado al CGPJ y amenazado a otros tribunales. Además, denunció su relación con casos de corrupción y cuestionó su moralidad al formar parte de un gobierno respaldado por figuras controvertidas. Las asociaciones judiciales han calificado sus ataques como "inadmisibles".
Política Baleares
Miguel Tellado, secretario general del PP, critica a Francina Armengol en el Congreso insular del PP de Mallorca, sugiriendo que debería presentarse ante la justicia para aclarar su relación con Koldo García, implicado en una trama de corrupción. Tellado acusa a Armengol de mentir y de ser responsable directa de la corrupción en Baleares, instando a su dimisión y colaboración con las autoridades. Además, destaca el cambio positivo en Baleares tras la salida de Armengol y la llegada de Marga Prohens al poder, resaltando la transparencia y los alivios fiscales implementados por el nuevo gobierno.
Control político
El Partido Popular (PP) ha expresado su preocupación en el Parlamento Europeo sobre el control político de los mecanismos anticorrupción en España, señalando que no se trata de errores aislados, sino de un patrón sistemático. Javier Zarzalejos, eurodiputado y presidente de la Comisión de Libertades (LIBE), advirtió sobre el debilitamiento de las instituciones independientes contra la corrupción, haciendo referencia a casos recientes que involucran al Gobierno español y a figuras cercanas al mismo. El informe también critica la falta de implementación por parte de España de recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa y denuncia el uso indebido del sistema judicial con fines políticos. Además, se menciona la interferencia gubernamental en los medios públicos como un problema adicional.
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Ley mutualidad
El Partido Popular avanza en la tramitación de la Ley de mutualidades alternativas, exigiendo al Gobierno una respuesta seria y responsable para los mutualistas afectados. Aseguran que el Ejecutivo ha fallado en proporcionar la información necesaria para resolver esta situación desde el compromiso asumido hace dos años por la ministra de Inclusión. El PP destaca su compromiso con los mutualistas y propone enmiendas para ampliar los beneficiarios y garantizar la neutralidad fiscal. Critican la falta de transparencia del Gobierno y reafirmaron su apoyo a los mutualistas durante el proceso parlamentario.
Seguridad vial
El Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha aprobado dos iniciativas enfocadas en mejorar la seguridad vial en pasos de peatones y en la formación de conductores. La portavoz de Seguridad Vial del GPP, Bella Verano, ha denunciado el deterioro de la red de carreteras estatales, subrayando que más de la mitad se encuentra en un estado grave. A pesar del reconocimiento gubernamental de un déficit de conservación significativo, los planes anunciados son insuficientes. Por otro lado, la diputada Elisa Vedrina ha destacado la necesidad de reformar el sistema de formación y gestión del permiso de conducir para adaptarse a los retos actuales. Además, Tristana Moraleja ha propuesto medidas para reforzar la seguridad en pasos peatonales, donde ocurren la mayoría de los atropellos urbanos, abogando por una mejor señalización y cumplimiento normativo.
Rescate Air Europa
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha denunciado una "vía paralela" en el rescate de Air Europa, señalando indicios de trato de favor y enormes irregularidades en la concesión de 475 millones de euros por parte del Gobierno. Durante una Comisión de Investigación, el senador José Manuel Hernando destacó la posibilidad de tráfico de influencias y cuestionó la elegibilidad de Air Europa Holding para recibir ayudas públicas. Además, se mencionaron incumplimientos legales y un trato diferencial en las condiciones del rescate, lo que podría derivar en responsabilidades graves si se confirman las irregularidades. Hernando exigió transparencia en la gestión de estos fondos públicos.
Medidas fiscales
El Congreso de los Diputados ha aprobado medidas del Partido Popular (PP) para combatir lo que consideran un "infierno fiscal" impuesto por el Gobierno. Entre las iniciativas respaldadas se encuentra la deflacción del IRPF y la exención de IVA para autónomos con ingresos inferiores a 85,000 euros anuales. Además, se ha dado luz verde a una Proposición no de Ley que busca endurecer las sanciones por tenencia ilegal de armas blancas, ante un aumento significativo de delitos relacionados. Esta propuesta incluye aumentar la lista de armas prohibidas y mejorar el control en ventas online, en respuesta al incremento del uso de estas armas en delitos violentos en diversas comunidades autónomas.
Andalucía cambio
Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, destacó en un encuentro con La Razón los logros de Juanma Moreno en Andalucía, afirmando que su modelo puede ser replicado en España. Feijóo expresó su solidaridad con las víctimas del accidente de Adamuz y criticó al Gobierno por su manejo del siniestro. También lamentó la falta de atención del Ministerio de Transportes hacia Málaga y defendió que su partido ha trabajado para limpiar las instituciones andaluzas de corrupción. Además, subrayó que los avances en Andalucía se han logrado a pesar de la discriminación gubernamental.
Corrupción Baleares
Ester Muñoz, portavoz del GPP en el Congreso, ha declarado que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, fue clave para la entrada de la trama de las mascarillas en Baleares durante la pandemia. Según Muñoz, la investigación de la UCO revela que Armengol conocía la corrupción y mintió en las comisiones de investigación. Además, criticó su papel en el Congreso al afirmar que socava su independencia y toma decisiones contrarias a la ley bajo influencia del Ejecutivo. En otro contexto, elogió a Fernando López Miras por ofrecer estabilidad frente al gobierno de Pedro Sánchez.
Corrupción política
El Partido Popular ha denunciado irregularidades en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), situando a José Luis Ábalos y José Luis Rodríguez Zapatero en el centro de la controversia. Durante una Comisión de Investigación, Salvador de Foronda, portavoz del PP, criticó los rescates millonarios a empresas como Plus Ultra y Air Europa, señalando que estos préstamos no eran donativos y cuestionando su legalidad. De Foronda destacó que mientras muchas pymes luchaban por sobrevivir, algunas empresas privilegiadas recibían apoyo financiero sin cumplir con los requisitos necesarios. Además, advirtió sobre indicios de blanqueo de dinero y pidió una investigación exhaustiva sobre las operaciones de la SEPI.
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