La decisión del primer ministro español, Pedro Sánchez, de convocar elecciones anticipadas para el 29 de noviembre se produce tras una derrota parlamentaria.
El viernes, un conjunto de medidas presentado por Sánchez en el Congreso, destinadas a mejorar las condiciones de los inquilinos y abordar el problema del aumento desmedido de los alquileres, fue rechazado por poco. Los partidos de la derecha votaron en contra de estas propuestas.
Este resultado parlamentario ha confirmado que la coalición de izquierda de Sánchez ya no cuenta con una mayoría.
Una maniobra calculada
No obstante, como ha sido habitual a lo largo de su carrera, la convocatoria electoral no fue una reacción impulsiva, sino una maniobra cuidadosamente planificada.
El gobierno ha enfrentado dificultades en los últimos meses. El Partido Socialista ha estado envuelto en escándalos de corrupción que implican a figuras destacadas como Santos Cerdán y José Luis Ábalos. Además, el ex primer ministro socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, enfrenta acusaciones de haber obtenido beneficios financieros del rescate gubernamental a una aerolínea. Zapatero ha negado cualquier irregularidad.
Por si fuera poco, la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, está a punto de ser juzgada por presuntas irregularidades en la gestión de fondos y tráfico de influencias; tanto ella como Sánchez rechazan estas acusaciones.
Crisis migratoria en Ceuta
En medio de este contexto complicado, la administración de Sánchez también ha tenido que lidiar con la crisis en Ceuta, un exclave español en el norte de África. En julio pasado, más de 70,000 migrantes llegaron repentinamente a esta ciudad. Aunque la mayoría ha regresado a Marruecos, Ceuta se ha convertido en un dolor de cabeza político y logístico para el primer ministro.