Israel ha edificado aproximadamente 160 asentamientos que albergan a 700,000 judíos desde la ocupación de Cisjordania y Jerusalén Este, territorios que los palestinos reclaman, junto con Gaza, para un futuro estado. En la actualidad, alrededor de 3.3 millones de palestinos coexisten en esta región.

A pesar de la fuerte oposición internacional, los gobiernos israelíes sucesivos han permitido el crecimiento de estos asentamientos. Sin embargo, la expansión ha cobrado un impulso significativo desde que el Primer Ministro Benjamin Netanyahu asumió nuevamente el poder a finales de 2022 al frente de una coalición derechista y pro-asentamientos, coincidiendo con el inicio de la guerra en Gaza tras el ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre de 2023.

Construcción en E1

Bajo presión internacional, Israel había postergado durante décadas sus planes para construir en la zona conocida como E1. Muchos aliados y representantes palestinos advirtieron que estas construcciones podrían perjudicar gravemente las posibilidades de una solución de dos estados, dividiendo efectivamente Cisjordania.

No obstante, el actual gobierno israelí aprobó hace un año la construcción en E1 con el objetivo explícito de "borrar" la idea de un estado palestino. A pesar del desafío legal presentado por beduinos palestinos que residen en el área y grupos pacifistas israelíes, el ministerio de vivienda ha emitido ahora una licitación para 1,234 de las 3,401 unidades habitacionales aprobadas por el gobierno israelí en agosto pasado.

Detalles del proyecto

El proyecto abarca aproximadamente 12 kilómetros cuadrados (4.6 millas cuadradas) entre Jerusalén Este y el asentamiento de Maale Adumim. En su presentación inicial, el Ministro de Finanzas Bezalel Smotrich, conocido por su postura ultranacionalista y su apoyo a los asentamientos, afirmó que la noción de un estado palestino estaba "siendo borrada".

La fecha límite para presentar ofertas es el 19 de octubre, solo días antes de las elecciones generales israelíes programadas para el 27 de octubre. Esta estrategia permitiría al gobierno firmar contratos con constructores que serían mucho más difíciles de cancelar para cualquier administración futura.

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