El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha mantenido un encuentro en la sede nacional de su partido con familias que tienen hijos con cáncer y otras enfermedades graves, quienes se ven afectadas por las ayudas para el cuidado del menor, conocidas como CUME. En esta reunión, Feijóo estuvo acompañado por la vicesecretaria de Sanidad y Política Social, Carmen Fúnez, y dialogó con representantes de las asociaciones Asfacume y la Plataforma La CUME nos une.
Durante el encuentro, el líder del PP expuso las propuestas que su partido está desarrollando para abordar las necesidades de estas familias. El objetivo es ampliar su protección a través de una proposición de ley que ya ha sido registrada tanto en el Congreso como en el Senado.
Compromiso con las familias afectadas
Feijóo reiteró el compromiso del Partido Popular hacia estas familias y agradeció su colaboración continua en la elaboración de la Ley CUME. Esta iniciativa incluye diversas medidas que buscan garantizar que la prestación y el permiso por cuidado no finalicen automáticamente cuando los hijos cumplan 26 años, siempre que persistan condiciones como gran discapacidad o dependencia. Además, se propone adaptar la normativa a la realidad asistencial actual, fomentar la corresponsabilidad entre progenitores, extender la protección a empleados públicos y simplificar los trámites administrativos.
La intención del PP con esta ley es asegurar que ninguna familia pierda derechos debido a cuestiones de edad, al tiempo que se busca reforzar la conciliación familiar, la protección social y la igualdad de derechos en todo el país.
El PP, con las familias frente a un gobierno que las desampara
La postura del Partido Popular contrasta notablemente con la actuación del Gobierno de Sánchez, al cual se le acusa de desamparar a estas familias. El Ejecutivo presentó un Real Decreto criticado por más de 350 entidades debido a que no resolvía uno de los problemas fundamentales: la cancelación automática de ayudas más allá de los 26 años. Además, este decreto incrementaba la burocracia sin atender reivindicaciones históricas como la extensión de protección a empleados públicos o medidas para facilitar una auténtica corresponsabilidad entre progenitores.
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