Begoña Gómez en el ojo del huracán: El juicio que podría cambiar las reglas del juego en España

En España, las grandes crisis institucionales rara vez estallan de golpe. Suelen avanzar por acumulación: una resolución discutida, una instrucción prolongada, una medida cautelar excepcional, una frase escrita en un auto que cruza la frontera de lo estrictamente jurídico y entra en el terreno de la sospecha política. El manifiesto “Por una democracia plena”, articulado en torno al lema #YoConBegoñaGomez, nace precisamente de esa preocupación: la percepción de que el procedimiento contra María Begoña Gómez Fernández ha dejado de ser, para sus promotores, un debate ordinario sobre indicios penales y se ha convertido en una prueba de resistencia para la calidad democrática.

El detonante inmediato es la decisión del juez Juan Carlos Peinado de abrir juicio oral contra Begoña Gómez, retirarle el pasaporte, prohibirle salir de España y obligarla a comparecer periódicamente ante el juzgado. Según RTVE, el magistrado acordó el juicio por cuatro delitos —tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida— y justificó las medidas cautelares en un eventual riesgo de fuga. Reuters también informó de que Gómez niega las acusaciones y de que el caso procede de denuncias impulsadas por grupos de perfil ultraconservador o de extrema derecha, mientras el Consejo General del Poder Judicial ha decidido estudiar actuaciones disciplinarias contra Peinado por sus alusiones a los policías que escoltan a Gómez.

El manifiesto no pide que Begoña Gómez quede al margen de la ley. Esa sería una tesis indefendible en una democracia madura. Lo que sostiene es algo distinto: que nadie, tampoco la esposa de un presidente, puede ser sometido a una causa penal construida sobre conjeturas, hipótesis expansivas o lecturas políticas de su vida personal y profesional. En ese punto, el texto se apoya en una tradición jurídica básica: la investigación penal no puede ser una expedición de pesca. La Constitución reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva, a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia; la Ley de Enjuiciamiento Criminal define el sumario como el conjunto de actuaciones destinadas a averiguar y hacer constar la perpetración de delitos, no a buscar retrospectivamente un delito alrededor de una persona.

La cuestión central, por tanto, no es sentimental. Es institucional. Una democracia no se degrada únicamente cuando se condena injustamente a alguien; también se resiente cuando una parte significativa de la ciudadanía empieza a sospechar que el proceso penal puede convertirse en un instrumento de desgaste político. Esa sospecha, justa o injusta, exige respuestas sobrias, no trincheras. Y exige de los jueces un plus de prudencia cuando sus resoluciones afectan a figuras sometidas a una exposición pública excepcional.

El texto de adhesión subraya, además, una dimensión de género: la utilización de la esposa del presidente como vía indirecta para golpear al adversario político. Esa lectura puede ser discutida, pero no despachada con frivolidad. La historia política está llena de ataques dirigidos contra mujeres del entorno de dirigentes varones, no siempre por sus actos, sino por su posición simbólica. Cuando el procedimiento penal se mezcla con la imagen pública, la familia y la batalla partidista, el daño reputacional puede operar antes de cualquier sentencia.

La reacción institucional añade gravedad al momento. El CGPJ ha abierto el proceso para valorar si procede expedientar al juez Peinado por sugerir que los escoltas de Begoña Gómez podrían facilitar una eventual fuga; RTVE informó de que la decisión salió adelante por el voto de calidad de la presidenta del Consejo, en un órgano dividido. Es decir, el propio gobierno de los jueces considera que, al menos, hay materia suficiente para examinar si se ha traspasado una línea. Eso no prejuzga la actuación del magistrado, pero confirma que el debate ya no pertenece solo a la dialéctica entre Gobierno y oposición: ha entrado en el terreno de la confianza pública en la Justicia.

Conviene decirlo con claridad: defender las garantías de Begoña Gómez no equivale a proclamar su inocencia procesal antes de tiempo, del mismo modo que criticar una instrucción no significa atacar a todos los jueces. Precisamente porque la separación de poderes es esencial, hay que exigir que cada poder cumpla su función sin invadir el terreno del otro. La Justicia debe investigar hechos, no atmósferas. Debe razonar con indicios, no con intuiciones. Debe proteger su independencia evitando cualquier apariencia de parcialidad.

El manifiesto termina con una frase que resume su propósito: no reclama privilegios, sino garantías. Esa es, quizá, la clave más poderosa del texto. Porque las garantías procesales no se inventaron para proteger a los simpáticos, ni a los anónimos, ni a los inocentes evidentes. Se inventaron para todos, también para quienes están en el centro de la tormenta política, también para quienes despiertan filias y fobias antes incluso de sentarse ante un tribunal.

España ha construido su democracia sobre una idea antigua y noble: que el poder debe estar limitado por la ley. Pero esa idea se vacía si la ley se aplica con apariencia de combate. La Justicia no necesita agradar al Gobierno ni a la oposición. Necesita convencer a la ciudadanía de que juzga hechos, no apellidos; conductas, no parentescos; pruebas, no prejuicios.

Por eso la iniciativa “Por una democracia plena” merece ser leída más allá de la coyuntura. Habla de Begoña Gómez, sí. Pero habla también de todos los ciudadanos que pueden verse atrapados algún día en una maquinaria penal desproporcionada. Y habla, sobre todo, de un principio que ninguna democracia debería olvidar: cuando la Justicia deja de parecer imparcial, la democracia empieza a perder una parte de su autoridad moral.