Castilla y León necesita inmigración

El informe “La Situación de la Población Inmigrante en Castilla y León”, elaborado a iniciativa propia por el Consejo Económico y Social de Castilla y León, y presentado en sociedad el 1 de junio, está amparado por CCOO, UGT y CEOE, que coinciden en el diagnóstico de que sin inmigración Castilla y León se hunde antes.

Los datos que maneja el estudio no dejan margen a la ambigüedad. Tomando como criterio el lugar de nacimiento, se muestra un crecimiento paulatino de la población inmigrante. Si en 2024 había en Castilla y León 256.685 personas de origen extranjero, en 2025 la cifra ascendió a 275.202. Esto representa un 11,6 % de la población total de la Comunidad, lo que demuestra que no existe un “problema de inmigración”, como señalan las derechas, desde sus tesis invasivas o de reemplazo.

Frente al envejecimiento y la despoblación que golpean con dureza al medio rural, el CES no describe la inmigración como un fenómeno que haya que “gestionar” o “contener”, sino como uno de los pocos mecanismos de resiliencia territorial que le quedan a la Comunidad y, por tanto, un fenómeno a acoger. Cuando uno de cada cuatro nacimientos está vinculado a madres de origen extranjero, queda demostrado que la aportación demográfica es un elemento más a tener en cuenta en esta zona de la España vaciada.

El informe del CES también señala la precariedad en la que malvive buena parte de esas 275.000 personas. De quienes trabajan, apenas el 39% tiene un contrato fijo, el 25% cuenta con uno temporal, y un 9,5% son autónomos. Por otra parte, sólo el 23% logra homologar su formación académica, lo que condena a nuestra región a desperdiciar buena parte del talento que viene de fuera y se podría retener.

Por otro lado, el 79,7% de las personas encuestadas para realizar el estudio afirma que quiere quedarse en España, algo que debería obligar a la Junta a plantearse cómo garantizar que así sea en condiciones dignas, en lugar de pretender frenar su llegada o forzar su marcha.

Frente al tópico de la amenaza cultural con el que la extrema derecha enfrenta el debate migratorio cada vez que puede, el informe aporta otro dato incómodo para el relato neofascista, ya que un 27% de las personas migrantes en Castilla y León dice sentirse por igual de aquí y de su país de origen, y un 8% más español que de su país. No existe un choque de identidades, sino un proceso de arraigo en marcha que depende, sobre todo, de que existan condiciones materiales de regularización, empleo y vivienda, para que la integración sea un hecho y las personas migrantes lleven adelante su proyecto de vida aquí.

Todo esto es lo que el CES pide corregir. Reducir las situaciones de irregularidad “desde el mayor consenso posible” y en el marco del Diálogo Social, para combatir la economía sumergida y garantizar derechos laborales y sociales; para actualizar el plan estratégico de inmigración pactado en su día en el Diálogo Social y caducado desde 2022; y para revisar las trabas administrativas que dificultan los empadronamientos o el acceso a recursos públicos.

Sin embargo, mientras el Consejo Económico y Social pide renovar la percepción, la perspectiva y la valoración de la inmigración, la Junta de Castilla y León trabaja en la dirección contraria. Recurre ante el Tribunal Supremo el Decreto de Regularización Extraordinaria aprobado por el Gobierno central, y el PP pacta con Vox la “prioridad nacional” creando para la extrema derecha la nueva Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Social para que “gestione” la inmigración.

Para CCOO, UGT y CEOE, parte social y económica del Diálogo Social, no hay desacuerdo sobre lo que necesita la Comunidad en materia de inmigración frente a lo que pretende la Junta de Castilla y León. Queda suficientemente plasmado en el informe del CES: sin inmigración ordenada, integrada y con derechos, Castilla y León envejece más rápido, se despuebla más deprisa y pierde el poco tejido productivo que le queda.

La decisión política, deliberada, de anteponer la rentabilidad electoral a la evidencia de lo que señala el CES y que avalan los sindicatos y la patronal, es responsabilidad de un Partido Popular entregado a la ideología xenófoba de Vox y su rechazo a los inmigrantes. Una estrategia diseñada para impulsar el conflicto entre los penúltimos y los últimos de nuestra sociedad, que redundará en más diferencias sociales y un creciente deterioro de las condiciones de vida y de trabajo de la sociedad en su conjunto.

Frente a esto, la izquierda social y política de Castilla y León cuenta con un argumento más sólido de lo habitual, y sería un error no utilizarlo hasta el final. No hace falta apelar sólo a la solidaridad o a los derechos humanos. Lo que analiza y documenta el CES en materia de inmigración es argumento suficiente para exigir a la Junta que retire el recurso contra la regularización, que actualice el plan estratégico de inmigración a través del diálogo social, que facilite la homologación de titulaciones a las personas inmigrantes, y que remueva todos los obstáculos para evitar trabas administrativas que dificultan la normal relación de las personas inmigrantes con la Administración, a la hora de realizar tramitaciones o acceder a servicios públicos.

Cualquier otra posición de los agentes del Diálogo Social que no pase por la exigencia de garantizar derechos y condiciones dignas a las personas que vienen de otros lugares, ante el argumento del gobierno de Mañueco sobre la “prioridad nacional” de que la inmigación es una amenaza para la convivencia de la Comunidad, será un error histórico y la demostración de no estar a la altura de las necesidades actuales en materia de crecimiento económico, reducción de la despoblación, y consolidación de derechos laborales y de ciudadanía en Castilla y León.

José Alberto Novoa.

Politólogo

Secretario General de CCOO de Ávila.