Suprema Corte niega apelación de trabajadores escolares de LA despedidos por rechazo a la vacuna COVID

La Corte Suprema de Estados Unidos ha decidido no escuchar el recurso presentado por más de 1,000 empleados del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) que fueron despedidos por negarse a cumplir con un mandato de vacunación contra el COVID-19. Esta decisión se produce a pesar de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han admitido que las vacunas no impiden la transmisión del virus.

El fallo se basa en el precedente de 1905 establecido en Jacobson v. Massachusetts, un caso que ha sido criticado por disidentes quienes advierten que otorga un poder gubernamental sin restricciones bajo el pretexto de la salud pública. Los demandantes argumentaron que las inyecciones son tratamientos médicos y no vacunas, ya que no detienen la infección ni la transmisión del virus.

Un precedente controvertido

El núcleo del fallo se centra en el caso Jacobson, que permitió a los estados exigir vacunas contra la viruela durante una emergencia. La mayoría del 9º Circuito aplicó este razonamiento al mandato del LAUSD, concluyendo que el distrito podía razonablemente creer que las vacunas protegían la salud pública, a pesar de su incapacidad para prevenir la propagación del virus.

No obstante, el panel de 11 jueces del 9º Circuito no estuvo unánime. Los jueces disidentes advirtieron que la lógica mayoritaria concede al gobierno un poder extraordinario. “La opinión mayoritaria se acerca peligrosamente a otorgar al gobierno carta blanca para exigir una vacuna o incluso tratamiento médico en contra de la voluntad de las personas”, señalaron.

Scott Street, abogado de los demandantes, expresó su profunda decepción ante la falta de intervención por parte de la Corte Suprema. “Estamos especialmente decepcionados porque muchos jueces quieren pasar página respecto a la pandemia. Pero no es demasiado tarde para corregir su mala interpretación de Jacobson ni demasiado pronto para proteger nuestras libertades ante futuras emergencias”, afirmó.

Continuará la lucha a nivel estatal

A pesar del revés en la Corte Suprema, los defensores aseguran que continuarán desafiando legalmente esta situación. Street destacó que sus clientes son conscientes de que llegará un día en que se corregirá la ley. “Puede que no sea durante nuestra vida, pero eso no significa que dejaremos de luchar”, añadió.

Leslie Manookian, presidenta y fundadora del Health Freedom Defense Fund, mencionó la Ley de Libertad Médica de Idaho, que ella ayudó a aprobar el año pasado y prohíbe casi todos los mandatos médicos, incluidas las exigencias de vacunación. Otros estados como Arizona están considerando legislaciones similares.

Para los más de 1,000 empleados afectados, quienes perdieron sus trabajos y beneficios e incluso sus hogares en algunos casos, la lucha está lejos de haber terminado. La pregunta persiste: ¿alcanzarán eventualmente los tribunales lo que muchos estadounidenses ya saben? Que una inyección que no previene enfermedades no debería justificar la destrucción de carreras y vidas.

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