Lo anunció el portavoz del grupo parlamentario, Pablo Echenique, en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, donde también lanzó otra propuesta: otorgar la nacionalidad española a todos los extranjeros que hayan trabajado en alguno de los servicios declarados esenciales por el propio decreto que declaró el estado de alarma.
Echenique reconoció que es difícil cuantificar ahora a cuántas personas afectaría esta segunda medida, pero enumeró sectores como el sanitario, el cuidado de personas dependientes o mayores, el de transportes o la producción de alimentos.
No obstante, apuntó que trasladó un “documento abierto” sobre ambas propuestas al resto de grupos parlamentarios, comenzando por el PSOE y siguiendo por el resto, conocedor de que hay posiciones distintas al respecto e “invitándoles a dialogar y buscar puntos comunes”.
Reconoció que esta iniciativa estará sometida al protocolo de colaboración legislativa entre el PSOE y Unidas Podemos, pero apuntó que su grupo no esperará a la reunión de la comisión de seguimiento del pacto para presentarla. “Si es un punto en el que pensamos distinto, lo gestionaremos y lo hablaremos con la misma normalidad con la que hemos hablado de puntos anteriores en los que hemos tenido difrerencias"”, avanzó, ensalzando que gracias a la experiencia se está implantando en España una "cultura de la coalición" y la ciudadanía ya entiende que dos partidos diferentes que gobiernan juntos "puedan tener diferencias que se pueden gestinar adecuadamente".
El portavoz no respondió a ninguna de las preguntas que se le formularon sobre el llamado 'caso Dina', las últimas revelaciones sobre el Rey emérito y las posibles iniciativas parlamentarias de Unidas Podemos en ambos temas, apelando a que hoy prefería centrarse en estas medidas que beneficiarían a cientos de miles de personas que "no tienen derechos fundamantales porque carecen de una autorización de ciudadanía".
DOCUMENTO
En el documento enviado a los grupos, y cuya exposición de motivos nutrió textualmente la intervención de Echenique en la rueda de prensa, se concretan así las dos propuestas que incluye. Por un lado, se propone la “concesión de una autorización de residencia a aquellas personas que acrediten su permanencia en territorio del Estado español con antelación a la declaración del estado de alarma -14 de marzo de 2020”.
“La acreditación de dicha permanencia se podrá realizar por cualquier medio válido en Derecho. Se habilitará un periodo de solicitud entre el 1 de agosto y el 31 de octubre de 2020”, detalla el documento, que puntualiza que “los solicitantes de protección internacional podrán acceder a este procedimiento sin necesidad de renunciar a su petición y sin perjuicio de lo que resulte de dicha petición”. Para las personas que tuvieran autorización de residencia para “cualquier periodo” de 2020 o 2021 pero necesitaran renovarla, además, habrá una “exención del requisito de acreditar periodos de cotización”.
Respecto a la segunda propuesta, Unidas Podemos aboga literalmente por la “concesión de la nacionalidad española por carta de naturaleza a los extranjeros con algún tipo de autorización para permanecer en territorio español al momento de la declaración de la situación de alarma que hayan desempeñado durante el mismo algunos de los servicios esenciales a los que se refiere” el decreto del estado de alarma para mantener su actividad, y sin necesidad de renunciar a su anterior nacionalidad.
Echenique dijo que era para él es “un orgullo” presentar estas propuestas por “los olvidados de las políticas públicas”, “los últimos de la sociedad”, “los nadie”, y justificó en la situación excepcional de la epidemia la necesidad de “no dejar a nadie atrás” y de poner en marcha medidas también excepcionales que, además, contribuirán a elevar el consumo interno y, por tanto, a reactivar la economía.
En lo concerniente a la regularización, subrayó que un Gobierno progresista debe adoptar políticas “valientes y expeditivas”. También recordó que la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social de 2000, reescrita por la de 2009, establece que “la Administración podrá conceder una autorización de residencia temporal por situación de arraigo, así como por razones humanitarias, de colaboración con la Justicia u otras circunstancias excepcionales que se determinen reglamentariamente”.
Además, argumentó Echenique, en la actual situación epidemiológica, “la exclusión social muchas veces derivada de la irregularidad, el lógico miedo de estas personas a ser deportadas y las trabas burocráticas aún existentes en nuestro sistema de salud señalan que la continuidad de la irregularidad pondría en riesgo no sólo la salud de estas personas sino también la del conjunto de la ciudadanía”.
INGRESOS DEL ESTADO
Por último, defendió, que “el paso de una persona de una situación irregular a una regular no sólo permite a dicha persona incorporarse al mercado laboral con todas las garantías y derechos y es, como se ha dicho, una cuestión de derechos humanos y justicia social, sino que además, supone incrementar los ingresos del Estado por IRPF y cotizaciones de la Seguridad Social o de desempleo, al pasar cientos de miles de trabajadores de la economía sumergida a la economía formal”.
En relación a la concesión de la nacionalidad, el portavoz señaló que “es decente, es justo y es patriota” reconocer como compatriotas a esos extranjeros que desempeñaran servicios esenciales” y lo apuntaló recordando que el artículo 21.2 del Código Civil “ya ofrece la posibilidad del reconocimiento de la nacionalidad por carta de naturaleza cuando concurran en los interesados circunstancias excepcionales”.
Echenique demostró que España tiene competencia para acometer estas medidas, sin necesidad de pedir permiso a la UE, citando una directiva de 2008 según la cual “los Estados miembros podrán, en cualquier momento, decidir conceder a un nacional de un tercer país que se encuentre en situación irregular en su territorio un permiso de residencia autónomo u otra autorización que otorgue un derecho de estancia por razones humanitarias o de otro tipo".
Finalmente, se curó en salud de antemano ante posibles acusaciones de que estas medidas ejercerían un efecto llamada, alegando que “el propio diseño de nuestras propuestas lo evitaría, ya que se refiere a personas que ya estaban en suelo español durante el estado de alarma y no plantea acciones extraordinarias de regularización o de otorgamiento de la nacionalidad para personas migrantes que pudieran entrar en el país en el futuro”.
Un último aspecto colateral de estas dos propuestas es que, “para evitar el atasco en los correspondientes servicios y garantizar que los dos procesos propuestos tengan de hecho lugar en tiempo y forma, sin listas de espera excesivas y en plazos razonables, se propone reforzar los recursos humanos y materiales” de los departamentos y unidades implicados.
En concreto, el texto enumera refuerzos del Ministerio de Justicia, los servicios informáticos, el Registro Central y los registros civiles, las oficina de expedición de DNI, las oficinas de Extranjería de las Subdelegaciones del Gobierno y oficinas de expedición de tarjetas de extranjeros en las comisarías. Al terminar los dos procesos, apunta el documento,“se estudiará la posibilidad de mantener alguno de los citados refuerzos con carácter estructural para agilizar el funcionamiento ordinario de los servicios, actualmente muy comprometido por la escasez de recursos humanos y materiales”.