Restricciones en SNAP: Nuevas prohibiciones de alimentos y aumento de costos para los estados

La reforma del programa de asistencia alimentaria más importante del país está a punto de transformar drásticamente la manera en que millones de estadounidenses de bajos ingresos compran sus víveres y cómo los estados administran este beneficio. Esta situación ha generado preocupaciones sobre la complejidad, el costo y la posible intromisión del gobierno.

A partir de 2026, los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) en dieciocho estados se enfrentarán a restricciones en sus compras, ya que nuevas regulaciones prohíben la adquisición de ciertos productos considerados poco nutritivos. Al mismo tiempo, los gobiernos estatales tendrán que asumir una mayor parte de los costos administrativos del programa y enfrentar severas sanciones financieras por errores, lo que representa una doble carga que los críticos advierten podría poner en jaque los presupuestos estatales y socavar la red de seguridad social.

Un cambio histórico

Las modificaciones, implementadas bajo la iniciativa "Make America Healthy Again" del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), marcan un giro político sin precedentes. Durante décadas, el Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA), encargado de supervisar SNAP, rechazó las solicitudes estatales para prohibir alimentos específicos, argumentando que no existían criterios claros para definir qué alimentos eran "buenos o malos". Sin embargo, esta norma fue quebrantada en mayo de 2025 cuando la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, aprobó las primeras exenciones, abriendo la puerta a casi un tercio de todos los estados.

El resultado es un mosaico confuso de reglas que comenzarán a aplicarse en todo el país durante 2026. Aunque dulces, refrescos y bebidas energéticas son los productos más comúnmente prohibidos, las restricciones varían significativamente entre estados.

Cargas financieras para los estados

Mientras los beneficiarios se adaptan a las nuevas normas de compra, los gobiernos estatales se preparan para una presión financiera considerable. Un cambio importante en la estructura de financiamiento del programa obligará a los estados a asumir una mayor parte de la carga administrativa.

Actualmente, el costo administrativo se divide equitativamente entre los estados y el gobierno federal. Sin embargo, a partir de octubre de 2026, se espera que los estados asuman el 75% de estos costos. Con gastos administrativos totales alcanzando $6.6 mil millones en 2024, esta modificación forzará a los estados a encontrar cientos de millones de dólares dentro de sus presupuestos o arriesgarse a recortes en personal y servicios relacionados con el programa.

A esta carga se suma un nuevo sistema penalizador por errores en pagos. A partir de 2027, si la tasa de error excede el 6%, será la primera vez en la historia del programa que se impondrán sanciones financieras a los estados. Aquellos que no logren cumplir con este umbral deberán reembolsar entre el 5% y el 15% de los beneficios distribuidos.

Reformas adicionales complican aún más la situación

Estos cambios significativos forman parte de una serie más amplia de reformas derivadas de legislación reciente. Algunas modificaciones ya están vigentes, como un aumento modesto en el beneficio máximo para una familia de cuatro personas (de $975 a $994) y una deducción mayor para gastos habitacionales utilizada en cálculos de elegibilidad.

Otras reformas endurecen las reglas laborales y de elegibilidad. El rango etario para "adultos sin dependientes capaces" sujetos a requisitos laborales se ha ampliado desde 18-54 hasta 18-64 años, exigiendo que estas personas trabajen, realicen voluntariado o participen en capacitación durante 80 horas al mes para recibir beneficios por más de tres meses dentro un período trienal.

A pesar del enfoque declarado hacia una mejor salud pública y responsabilidad fiscal por parte del gobierno federal, las implicaciones negativas son profundas. Para quienes dependen del SNAP —especialmente en estos dieciocho estados— el programa se torna más restrictivo y complicado. Para las administraciones estatales, gestionar este programa se vuelve considerablemente más costoso y arriesgado legalmente.

A medida que avance 2026, es probable que la red alimentaria nacional se vuelva tanto más estrecha como mucho más costosa para mantenerla, con las cargas recaerán sobre las familias vulnerables y sobre los propios estados encargados de su implementación.

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