La Justicia chilena ha marcado un hito al procesar por primera vez a presuntos responsables de la sustracción ilegal de menores durante la dictadura de Augusto Pinochet, que se extendió entre 1973 y 1990. Esta decisión fue tomada por el juez de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Aguilar Brevis, quien ha ordenado la prisión preventiva de cinco individuos acusados de asociación ilícita, sustracción de menores y prevaricación dolosa en relación con la adopción irregular de dos niños provenientes de la comuna de San Fernando, entregados a matrimonios extranjeros.
Los involucrados han sido identificados como Ivonne Gutiérrez Pávez, Ismael Moisés Espinoza León, Carlos Sigisfredo Vega Segura, Laura Rosa Silva Sánchez y Sylvia Clara Vilches Rojas. Según un comunicado del Poder Judicial, la investigación liderada por el juez Brevis reveló que en la década de 1980 existió una red compuesta por abogados, sacerdotes católicos, miembros de organizaciones sociales y funcionarios públicos que operaban en San Fernando para identificar y entregar en adopción a menores cuyas madres eran de escasos recursos, recibiendo pagos que podían alcanzar hasta los 50.000 dólares.
Delitos de lesa humanidad
El magistrado Aguilar Brevis ha desestimado las alegaciones sobre la prescripción de estos actos delictivos al considerar que se trata de delitos de lesa humanidad perpetrados en un régimen militar. En este sentido, enfatizó que deben ser sancionados conforme a lo estipulado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia establecida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La líder supuesta de esta red es Gutiérrez Pávez, quien ocupaba el cargo de jueza del Juzgado de Menores en San Fernando y actualmente reside en Israel. Ante esta situación, el juez ha solicitado a la Corte Suprema de Justicia chilena la extradición de Gutiérrez invocando el Convenio Europeo sobre Extradición, el cual incluye a Israel y recientemente entró en vigor.
Esperanza para las víctimas
El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se pronunció sobre este caso indicando que la reciente decisión judicial representa “una pequeña luz de esperanza” para aquellos que han estado esperando justicia durante años. No obstante, Cordero subrayó que no basta con solo perseguir penalmente a los responsables; también es imprescindible que el Estado genere condiciones propicias para facilitar el reencuentro entre familias.
Las investigaciones apuntan a que aproximadamente 20.000 menores fueron separados forzosamente de sus madres y entregados a familias en el extranjero durante la dictadura pinochetista. De esta cifra alarmante, alrededor de 1.000 niños han logrado reencontrarse con sus familiares biológicos.
La noticia en cifras
| Cifra |
Descripción |
| 5 |
Personas procesadas por sustracción ilegal de menores. |
| 50,000 |
Montos de dinero que podrían haber sido pagados por las adopciones ilegales. |
| 20,000 |
Menores separados de sus madres y entregados a familias en el exterior durante la dictadura. |
| 1,000 |
Menores que se han reencontrado con sus parientes. |
Si (
No(
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