Los desahucios han afectado a cerca de 500.000 familias desde el inicio de la crisis económica en julio de 2008. El pasado año se produjeron 68.091 lanzamientos (tecnicismo para referirse al desalojo de una vivienda por orden judicial), con un repunte del 1,3% respecto a 2013, según los datos del informe “Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales”, elaborado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Más de la mitad de los desahucios o desalojos (52,9%) fueron consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos y afectaron a contratos del alquiler y el 42,4% al impago del préstamo hipotecario. El 4,7% restante se debió a otras causas.
Los bancos iniciaron 80.749 ejecuciones hipotecarias o procesos de reclamación contra aquellas personas que no pagaron durante varios meses el alquiler de su vivienda o las cuotas del préstamo hipotecario. Estas fueron un 2,3% menos que en 2013, según el CGPJ.
En noviembre de 2012, momento álgido de la crisis, se producían 517 desahucios diarios. En esas fechas había 6,7 millones de hipotecas vivas, de las cuales 6,1 millones correspondían a vivienda habitual.
Ante la gravedad de la situación, el Gobierno aprobó un Real Decreto por el que establecía la suspensión inmediata de los desalojos de las viviendas habituales por un plazo de dos años, pero el texto ni tocaba la ley hipotecaria ni permitía aplicar el carácter retroactivo para las personas que ya habían sido privadas de su casa.
La ley no permite cancelar el importe total de una hipoteca a cambio de la entrega de la vivienda, por lo que los desahuciados continúan debiendo a los bancos su casa tras perderla. Se da la circunstancia de que el valor de la vivienda es inferior a la deuda contraída como consecuencia de la caída de los precios por la explosión de la burbuja inmobiliaria.
En 2013 la tendencia siguió creciendo, lo que puso de manifiesto que la moratoria no había solucionado el problema y el decreto del Gobierno contenía lagunas, pues los afectados volvían a enfrentarse a la deuda que dos años antes no habían podido afrontar, y en una situación más difícil al crecer la misma por los intereses de demora.