Vicente Azpitarte, senador del Grupo Parlamentario Popular por Granada, ha denunciado al PSOE por "mentir siempre a Andalucía" y ha responsabilizado al ministro Luis Planas de los incumplimientos en el apoyo a los regantes de la Costa Tropical. Durante una sesión de control al Gobierno, Azpitarte criticó la falta de acción del ministro respecto a las conducciones de agua del embalse de Rules, vital para la agricultura granadina. Afirmó que el gobierno ha fallado en la gestión y financiación de este proyecto, lo que ha llevado a pérdidas significativas de fondos europeos. Además, cuestionó la exigencia de un aval de 8 millones de euros a los agricultores para avanzar en las obras y acusó al PSOE de haber dejado a Andalucía en una situación precaria.

Alicia García, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, ha exigido al Gobierno una mayor inversión para combatir el acoso escolar, señalando que es uno de los problemas más graves que enfrentan los menores en España. Durante la inauguración de una jornada sobre este tema, criticó la inacción del Gobierno durante ocho años y calificó su reciente anuncio de un protocolo marco como un "maquillaje presupuestario" de solo 333 euros por centro educativo. García subrayó la necesidad de respuestas efectivas que integren Educación, Sanidad y Políticas Sociales, así como la importancia de abordar el impacto del acoso y la violencia digital en la salud mental de los jóvenes. Además, presentó testimonios de familias afectadas por el acoso escolar y destacó estadísticas preocupantes sobre su prevalencia en las aulas.

Nidia Arévalo, portavoz adjunta del GPP en el Senado, ha exigido la dimisión de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante una sesión de control al Gobierno. Arévalo criticó los fracasos en las políticas de protección a las mujeres y denunció la creciente inseguridad y falta de recursos para las víctimas de violencia de género en España. La senadora calificó a Redondo como "vendehúmos" por anunciar medidas sin respaldo adecuado y subrayó el aumento de muertes y agresiones machistas. Además, acusó al Gobierno de no gestionar correctamente los sistemas de protección, instando a la ministra a renunciar por su incapacidad para garantizar la seguridad real de las mujeres.

En el Pleno del Senado, la portavoz de Justicia del GPP, Pepa Pardo, acusó al ministro de Justicia, Félix Bolaños, de liderar un "linchamiento público" contra jueces que emiten resoluciones desfavorables. Pardo criticó la falta de respeto a la independencia judicial y la separación de poderes, señalando que Bolaños ha presionado al CGPJ y amenazado a otros tribunales. Además, denunció su relación con casos de corrupción y cuestionó su moralidad al formar parte de un gobierno respaldado por figuras controvertidas. Las asociaciones judiciales han calificado sus ataques como "inadmisibles".

El Partido Popular (PP) ha denunciado la "falta de respeto" de Francisca Muñoz, conocida como 'La Paqui', durante su comparecencia en la Comisión de Investigación del caso Koldo-PSOE. La senadora Ana Beltrán cuestionó a Muñoz sobre las dudas que rodean su relación con Santos Cerdán, sugiriendo que el silencio no es una respuesta adecuada. Beltrán destacó la posible vinculación de Muñoz con una trama criminal relacionada con contratos públicos y acusó a Cerdán de liderar una organización dedicada a cobrar comisiones ilegales desde 2015. Se mencionaron irregularidades en la contratación de familiares y gastos excesivos pagados con fondos presuntamente ilícitos. La senadora instó a Muñoz a dar explicaciones claras sobre su papel en esta situación.

El Senado ha aprobado la creación de una comisión de investigación para analizar los motivos que han llevado a RTVE a ser percibida como "Tele Pedro". La iniciativa, impulsada por el Grupo Parlamentario Popular, busca esclarecer la falta de pluralidad y rigor en la televisión pública, denunciando un intervencionismo que favorece al Gobierno. La senadora Miriam Bravo critica la manipulación informativa y el uso de programas como "Mañaneros 360" y "Malas Lenguas" para difundir propaganda gubernamental. Además, se cuestiona la gestión financiera de RTVE, que enfrenta pérdidas significativas y problemas con la externalización de contenidos. El objetivo es restaurar la independencia y transparencia en el ente público.

Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda del PP, ha declarado que su partido llegará "hasta el final" en la investigación de los rescates a las aerolíneas Air Europa y Plus Ultra. En un reciente Comité de Dirección, Bravo criticó al Gobierno por utilizar dinero público en beneficio de intereses políticos y aseguró que se pedirá explicaciones en el Senado. Destacó la conexión entre corrupción y gestión económica del Gobierno de Sánchez, señalando que los rescates representan un "cóctel completo de corrupción". Además, mencionó el inicio del juicio por el caso Ábalos-Koldo, donde los acusados enfrentan graves cargos. Bravo también abordó el aumento de impuestos y la crisis de vivienda bajo la actual administración.

El senador Luis Rogelio Rodríguez-Comendador ha exigido al ministro de Transportes, Óscar Puente, que proporcione información clara sobre la llegada de la alta velocidad a Almería y la culminación del Corredor Mediterráneo. Durante el Pleno del Senado, solicitó datos reales, fechas y presupuestos para garantizar el cumplimiento del calendario de obras, recordando los retrasos acumulados en diversos tramos. Criticó las promesas incumplidas del Gobierno y cuestionó si los almerienses son considerados "ciudadanos de segunda" debido a la situación actual del transporte en la región.

El presidente de RENFE, Álvaro Fernández Heredia, reconoció en el Senado los fallos recurrentes en los servicios ferroviarios y sugirió que la fusión de RENFE y ADIF podría mejorar la situación. Durante su comparecencia ante la Comisión de Investigación de la Red Ferroviaria, se abordaron accidentes recientes y el estado general del sistema ferroviario en España. A pesar de las evasivas, admitió que una unificación bajo un mando único podría ser beneficiosa. Críticas del Partido Popular resaltan que ambos organismos no están funcionando adecuadamente y cuestionan la falta de transparencia sobre la calidad del servicio, con encuestas ocultas desde 2019. La situación ha llevado a una notable pérdida de usuarios y descontento generalizado entre los viajeros.

El Partido Popular, a través de la senadora María Jesús Bonilla, ha denunciado en el Pleno del Senado que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha impuesto la compra obligatoria de la baliza V16 a millones de españoles. Según Bonilla, este dispositivo presenta "legalidad cuestionada" y "eficacia sin probar", además de problemas en las homologaciones. La senadora criticó que esta medida no fue notificada a Europa y alertó sobre la desigualdad que genera, ya que los conductores españoles son los únicos sancionados por su uso. También cuestionó la falta de transparencia en los contratos relacionados con la baliza y exigió informes técnicos independientes que respalden su eficacia. La denuncia se produce en un contexto donde se estima que la baliza costará más de 1.500 millones de euros a los ciudadanos, lo que plantea dudas sobre si se trata realmente de una medida de seguridad vial o simplemente de recaudación fiscal.

El Partido Popular ha presentado una Moción en el Senado solicitando al Gobierno que escuche a los militares en la próxima declaración de las Fuerzas Armadas como profesión de riesgo. La iniciativa propone la creación de una Comisión de Trabajo Temporal para garantizar que se recaben las propuestas de los profesionales y evitar desigualdades en su reconocimiento. Cuca Gamarra, vicesecretaria del PP, enfatiza la necesidad de un diálogo abierto con los militares para evaluar el impacto real de esta medida y asegurar que sea justa y eficaz. Además, el PP ha impulsado a nivel europeo el reconocimiento de diversas profesiones como de riesgo, buscando mejorar derechos laborales y condiciones para estos colectivos.

El Partido Popular (PP) ha manifestado su firme oposición a la regularización masiva de inmigrantes que el Gobierno prevé aprobar. En una rueda de prensa, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, aseguró que utilizarán todos los recursos políticos y jurídicos disponibles, tanto a nivel nacional como europeo, para combatir lo que consideran una "barbaridad". Ezcurra destacó la importancia de regularizar a quienes cumplen con la ley y advirtió sobre las consecuencias negativas de premiar la irregularidad. Además, criticó al Gobierno por su falta de transparencia respecto a los beneficiarios de esta medida. La postura del PP se alinea con el rechazo expresado por diversas instituciones y comunidades autónomas.

En el Pleno del Senado, Alfonso Polanco, portavoz de Hacienda del GPP, cuestionó al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, sobre la gestión de la inflación en España. Polanco afirmó que el Gobierno ha optado por "aprovechar" la inflación en lugar de combatirla, criticando las medidas temporales como rebajas del IVA y cheques puntuales. Propuso deflactar el IRPF para proteger el salario real de los ciudadanos, argumentando que las familias están perdiendo poder adquisitivo ante el aumento de precios. Destacó que la inflación acumulada ha sido del 20% en pocos años y que los salarios han crecido por debajo de este incremento. Además, denunció una presión fiscal elevada y acusó al Gobierno de realizar una subida fiscal encubierta.

El Grupo Parlamentario Popular ha solicitado a la Mesa del Congreso la anulación de un acuerdo que vetó dos enmiendas sobre la ley de multirreincidencia. La portavoz Ester Muñoz argumenta que esta decisión, adoptada el 24 de marzo de 2026, es arbitraria e inconstitucional, ya que contradice la doctrina del Tribunal Constitucional y limita el derecho de los diputados a ejercer su función legislativa. Las enmiendas, aprobadas por el Senado, buscan reforzar la estructura del Ministerio Fiscal y mejorar la seguridad ciudadana frente a la multirreincidencia. El PP exige que se permita el debate y votación de estas enmiendas en el Pleno del Congreso.