La Ley de Contratos del Sector Público exige incorporar criterios medioambientales en las contrataciones públicas pero, de facto, priman los criterios económicos sobre el fomento del producto ecológico o local. Greenpeace recuerda que, desde 1997, los usuarios de comedores escolares han aumentado un 76 %. Más de un millón de menores comen diariamente en comedores públicos.
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