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Corrupción Baleares
14/10/2025@18:40:40
El Partido Popular (PP) ha denunciado que el Gobierno de Francina Armengol facilitó la entrada de la trama Koldo en Baleares, según declaraciones del senador Miquel Jerez durante la Comisión de Investigación del caso Koldo-Ábalos-PSOE. Jerez afirmó que se realizó una compra de 3,7 millones de euros por mascarillas inservibles que acabaron caducando. El exdirector del Servicio de Salud, Juli Fuster, fue señalado como responsable de esta gestión sin control. Además, se reveló que Armengol proporcionó el número personal de la consellera de Salud a Koldo, lo que indica un alto nivel de confianza entre ellos. La investigación busca esclarecer las irregularidades en la contratación de material sanitario durante la pandemia.
Corrupción Navarra
El Partido Popular (PP) ha señalado al director de Obras Públicas de Navarra, Pedro Andrés López Vera, como "la piedra angular" en la adjudicación irregular del túnel de Belate, vinculado a Santos Cerdán del PSOE. Durante una Comisión de Investigación del Senado sobre el caso Koldo-PSOE, el senador Francisco Bernabé criticó la falta de transparencia en el proceso de adjudicación, que superó los 80 millones de euros y no consideró criterios técnicos. Además, denunció represalias contra un funcionario que reportó irregularidades y pidió responsabilidades políticas al Gobierno foral. La controversia destaca la percepción de corrupción en las adjudicaciones públicas en Navarra. Para más detalles, visita el enlace.
El Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha conseguido que el Tribunal de Cuentas investigue las contrataciones irregulares de personas cercanas a José Luis Ábalos en empresas públicas. La portavoz del GPP, Pilar Alía, denuncia el uso indebido de fondos públicos y solicita un análisis exhaustivo de los contratos laborales entre 2018 y 2024 en varias entidades. Se exige una revisión detallada de los procesos de selección, así como las funciones desempeñadas por los trabajadores, para asegurar la legalidad y eficiencia en el uso de recursos públicos. Esta investigación surge tras declaraciones que cuestionan la transparencia en las contrataciones.
Inversión en ciencia en España
Impulso significativo a la investigación en España, con un enfoque en atraer y retener talento científico para abordar desafíos sociales y sanitarios
El Gobierno de España ha aprobado un presupuesto histórico de 1.343 millones de euros para la contratación de talento y el desarrollo de proyectos de investigación y transferencia de conocimiento, lo que representa un aumento del 40% respecto a años anteriores. La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, destacó la importancia de esta inversión para abordar desafíos como el cáncer y el cambio climático. Las convocatorias incluyen financiación para proyectos de investigación básica y aplicada, así como ayudas para atraer y retener talento en el ámbito científico. Esta iniciativa es parte del compromiso del Gobierno por fortalecer la ciencia en el país y fomentar la innovación. Para más información, visita el enlace.
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El senador del Partido Popular, Juan José Sanz Vitorio, ha afirmado en el Senado que "es incuestionable que el sistema falló" en la contratación y control del trabajo de Jessica en INECO. Durante su intervención, destacó que ADIF pagaba 3.600 euros al mes por una persona que no trabajaba y cuestionó la falta de responsabilidad en la vigilancia de estos procesos. Sanz Vitorio también se dirigió a la expresidenta de INECO, Carmen Librero, planteando dudas sobre posibles delitos de falsedad documental y criticando la impunidad de los implicados en esta trama. Para más detalles, visita el enlace a la noticia completa.
Discriminación racial
El jefe de la policía de West Yorkshire en el Reino Unido ha sido criticado por su declaración sobre discriminar a candidatos blancos en favor de contratar más oficiales de minorías étnicas. Según un informe del Telegraph, la fuerza policial ya había bloqueado la contratación de candidatos blancos y está implementando capacitación sobre el comercio de esclavos como parte de sus esfuerzos para convertirse en una organización "antirracista". Este enfoque ha generado preocupaciones sobre la discriminación positiva, considerada ilegal en el Reino Unido, y ha sido calificado como "racista" por algunos políticos. La política busca abordar la disparidad entre el 9% de oficiales de antecedentes minoritarios y el 23% de representación de estas comunidades en la población local.
En los últimos 12 meses la reducción es de 131.260 personas, un 4,8 %. La menor cifra de parados en mayo desde hace 16 años coincide con el récord histórico de empleo.
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