Francia ya puede activar cámara y micrófono de los teléfonos de sospechosos

Durante las manifestaciones en contra del gobierno de Emmanuel Macron, se ha aprobado recientemente en el Parlamento francés un proyecto de ley que otorgará a la policía la capacidad de acceder a distancia a las cámaras, micrófonos y GPS de los teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos de individuos que están siendo investigados por delitos que conllevan una sentencia mínima de cinco años de prisión. Este acceso remoto estará vigente desde el periodo 2023 hasta 2027.

Votada por la Asamblea Nacional en el marco de un proyecto de ley más amplio para reformar la justicia, la medida forma parte de un artículo que contiene varias otras disposiciones. De esta manera, se suma a una serie de medidas que viene implementando el Gobierno francés para ampliar la autoridad policial a través de la tecnología, esta Ley de Justicia.

La mayoría en la Asamblea Nacional respaldó el artículo 3 del proyecto de ley con 80 votos a favor y 24 en contra. Los diputados de los partidos presidenciales (Los Republicanos y Renaissance -partido de Macron-) junto con el Partido Socialista apoyaron esta medida. Sin embargo, la Nueva Unión Popular Ecologista y Social (Nupes), liderada por Jean-Luc Melénchon, y la derecha encabezada por Marine Le Pen se opusieron a ella. A pesar de esto, algunos senadores del partido de Le Pen y otros de bloques centristas decidieron votar a favor después de las protestas y disturbios que ocurrieron en París y otras ciudades del país. Gracias a esta iniciativa, la legislación pudo avanzar y ser aprobada, superando los obstáculos que tenía en el Congreso.

En los próximos 156 días, solo nos queda esperar a que el Presidente de la República promulgue la ley. Durante ese periodo, aún existe la posibilidad para los parlamentarios que se oponen de recurrir al Consejo Constitucional.

Hace un mes, el Senado aprobó la ley con la intención de limitarla a los crímenes y delitos que llevan una pena de diez años de cárcel. Sin embargo, la Asamblea decidió volver a la versión propuesta por el Gobierno, estableciendo así que se aplicará a aquellos acusados de delitos castigados con al menos cinco años de prisión.