La paradoja andorrana

El ministerio fiscal es un órgano dentro del poder judicial que desempeña la función de defensa de la legalidad y el interés público. En marzo del 2015, el entonces jefe de Gobierno Toni Martí resolvió que esta figura no era suficiente y personó al Govern -por primera y única vez en la historia de la Andorra constitucional- en acusación particular. Los posteriores ejecutivos mantuvieron la misma posición. Me estoy refiriendo a los inicios de lo que se llama 'caso BPA'.

En ese momento la tormenta mediática y las decisiones judiciales hicieron inviable todo razonamiento de defensa por parte del entorno del banco. Los medios, alimentados por informaciones escandalosas y falsas, habían sentenciado a BPA ya su filial Banco Madrid haciéndolas pasar malévolamente como supuestas estructuras ideadas para blanquear dinero. El encarcelamiento del director general del grupo añadía gravedad a la situación. Las noticias iban en sentido único, nunca nadie apeló a la presunción de inocencia. En Andorra lo convirtieron en una cuestión de Estado, y el Estado era actor civil.

El tiempo, sin embargo, ha ido a favor de BPA: el FINCEN retiró la nota sin condena ni sanción alguna; las sentencias en los casos judicializados en España fueron todas exculpatorias; y el expediente sancionador del SEPBLAC por blanqueo se cerró después de 6 años de investigaciones, exculpando al banco y sus administradores de cualquier delito o infracción. En esencia, se ha ido produciendo el escenario más deseable para Andorra, dado que la conducta del grupo BPA salía afianzada en la totalidad de los casos judicializados en todas partes. Sorprendentemente, las autoridades andorranas nunca mostraron satisfacción por la sucesión de buenas noticias judiciales que confirmaban que BPA era una institución seria y observante, aunque esto favorecía la reputación de la plaza financiera.

Paralelamente, se han ido destapando gravísimos hechos sobre la actuación de la policía patriótica española. Las amenazas del policía español Celestino Barroso a Joan Pau Miquel son estremecedoras, tanto como su precisión al acertar lo que pasaría. Por otra parte, las grabaciones del comisario Villarejo y las investigaciones judiciales y mediáticas han desatado una tormenta social y política que ha hecho tambalear las estructuras del Estado vecino. A estas alturas nadie duda de que la denominada 'Operació Catalunya' ha sido el episodio más siniestro de las últimas décadas en una democracia moderna, ni que BPA ha sido un terrible daño colateral. Pronto empezará la comisión de investigación del parlamento español donde las agresiones a BPA, y en consecuencia a Andorra, serán piezas esenciales.

Ocho años después de la Nota 311, las evidencias de que BPA fue víctima de la guerra sucia de las cloacas del Estado español (y creo que del andorrano) son incuestionables. Las agresiones que practicaron contra el banco las hicieron también contra Andorra y su soberanía. Cuando un policía extranjero amenaza y extorsiona a un ciudadano andorrano en territorio de Andorra también está cometiendo un delito contra nuestro país. La obligación del Estado debería ser, pues, defender a sus súbditos y defender su soberanía.

Sin embargo, el Estado andorrano sigue personado contra personas del entorno BPA víctimas de la guerra sucia de la policía patriótica y de las cloacas estatales españolas. Pese al tiempo transcurrido y las pruebas que demuestran inequívocamente que BPA fue una víctima -y probablemente un chivo expiatorio-, el ejecutivo se empeña en seguir persiguiéndolos. Presuntamente, los honorarios del letrado que representa al Gobierno ascienden a veinte mil euros mensuales, la remuneración del abogado hasta la fecha se elevaría a dos millones de euros.

La paradoja, la funesta paradoja, se encuentra en la que el Gobierno de Xavier Espot destina cantidades millonarias a atacar a andorranos y residentes víctimas de la guerra sucia de las cloacas, pero no hace nada contra aquellos que perpetraron la amenaza y la posterior muerte del banco. Ataca a la víctima y protege al verdugo. Quizás porque, como afirma el ex secretario de Estado Francisco Martínez, unos y otros -las cloacas de ambos lados del río Runer- iban de la mano.