VOX busca paliar los efectos de la "nefasta política energética" de las últimas décadas

Por ello, el grupo parlamentario ha registrado una Proposición de Ley de Modificación de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, para la inclusión del concepto de soberanía energética y la reversión de la prohibición de exploración, investigación y explotación de los recursos propios, minerales y energéticos.

España tiene la posibilidad de producir gran parte de la energía necesaria para sus necesidades, reduciendo así la dependencia energética y los efectos negativos que esto conlleva. Por ello, el ordenamiento jurídico debe corresponder con una legislación favorable a la investigación de nuevos yacimientos energéticos, así como de su exploración y explotación.

Aunque VOX considera que la iniciativa legislativa nacional corresponde a las Cortes Generales, contemplamos el recurso de iniciativa legislativa autonómica como una forma útil de abrir, en paralelo a las acciones del Grupo Parlamentario en el Congreso, un debate a nivel parlamentario sobre una propuesta que es crucial para el desarrollo económico y social de España. Ante la situación actual, se hace necesaria toda la fuerza política de la que VOX dispone para lograr un avance en todo lo relacionado a nuestra soberanía energética y revoque las decisiones negligentes que han desindustrializado y empobrecido a la nación. Por ello, VOX presentará en todas las Comunidades Autónomas donde tiene representación una Proposición de Ley a tramitar en el Congreso de los Diputados en los términos ya expresados.

Por otro lado, también en el día de hoy, el grupo parlamentario ha registrado una Proposición No de Ley en favor de la prospección y explotación de los recursos mineros de España para su debate y aprobación ante el Pleno. Es conocida la postura tomada por la Unión Europea y seguida ciegamente por el Gobierno de España que aboga por el total desmantelamiento del sector carbonífero, renunciando por completo a uno de los recursos energéticos con el que cuenta nuestro país. Una política que el tiempo ha demostrado errónea y que sólo obedece a las imposiciones del fanatismo climático y a los intereses de lobbies ecologistas.

La emergencia energética que sufrimos actualmente ha puesto de manifiesto una realidad negada por muchos durante años: que el cierre del sector del carbón y las centrales térmicas fue una decisión precipitada y errónea que se llevó a cabo sin pensar en los intereses de nuestra región. La realidad está demostrando como el carbón puede servir como elemento de reserva para cubrir situaciones de crisis como la actual.

Por ello, el grupo parlamentario VOX en las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León para que a su vez inste al Gobierno de España a tomar las siguientes medidas:

1. Reordenamiento y unificación de la legislación: Es necesario derogar la actual Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética y modificar la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas y su Reglamento, para regular un proceso de minería extractiva que garantice nuestra soberanía energética y permita impulsar nuestro desarrollo económico a través de la explotación de los yacimientos de minerales de alto interés geoestratégico y tecnológico, garantizando su viabilidad, tanto técnica como económica y medioambiental. En tanto no se deroga la Ley de Cambio Climático, se establecerán áreas de protección especial minera, de forma que al declarar una serie de recursos como prioritarios para el interés nacional, pueda articularse una excepción a la legislación para esos casos especiales, cuidando en todo caso, mediante canales de vigilancia y acompañamiento, el menor impacto medioambiental posible y la eficaz recuperación del área a la finalización de la explotación.
2. Poner en marcha una Estrategia Nacional de Minería que nos permita conocer los recursos naturales de los que disponemos en territorio nacional y que sean susceptibles de ser explotados para alcanzar la soberanía energética y garantizar un suministro de energía barata, sostenible, eficiente y limpia.
3. Debe favorecerse la tramitación de proyectos mineros: La tramitación de expedientes mineros se está extendiendo en el tiempo por encima de los 5 años, lo que está ahuyentando a los inversores e impide cualquier previsión financiera creíble, dada la incertidumbre actual de los mercados. Es necesario poner fin a las trabas administrativas y fijar un plazo máximo de tramitación e introducir mecanismos que agilicen esa tramitación de expedientes como el uso de la Declaración responsable o la tramitación en paralelo en vez de la tramitación en serie.
4. Movilización de las reservas administrativas bloqueadas. Liberalización de cualquier activo minero caducado, para activar el aprovechamiento de las reservas mineras se encuentren en zonas cuya explotación está paralizada por no haberse sacado a concurso público un derecho minero sobre terrenos que resulten francos como consecuencia de la caducidad de un permiso de investigación o una concesión de explotación.
5. Facilitar la explotación de minerales energéticos. Ante la emergencia energética que sufrimos procede la suspensión temporal de la aplicación de la normativa sobre devolución de las ayudas recibidas por el cierre de las concesiones mineras de carbón, (Decisión de la Unión Europea 2010/787/UE del Consejo, de 10 de diciembre de 2010 y concordantes), siempre que su reapertura permita a las empresas mantener la actividad en orden a aumentar la producción energética.
6. Minería compatible con la conservación y respeto de nuestros ecosistemas. Nuestra legislación medioambiental es de las más exigentes del mundo, pero es preciso vigilar su cumplimiento, por lo que se hace preciso un mecanismo ágil para valorar la situación ambiental de las explotaciones mineras, los riesgos para las personas y los impactos medioambientales y su intensidad. Para ello se ha de habilitar a la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) en cuanto a los estudios referentes a impacto ambiental y al Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) para la restauración ambiental, para que sus informes tengan plena validez, en cualquier expediente o procedimiento administrativo y sirvan para garantizar el cumplimiento del Programa de Seguimiento y Vigilancia Ambiental previsto en la Ley 21/2013.