Las organizaciones denuncian que el reparto de los miles de millones procedentes de la UE va a servir fundamentalmente para acrecentar aún más el poder de las grandes corporaciones. Señalan que son las mismas corporaciones que apuntalan un sistema desigual y depredador, situado en el origen de esta crisis sanitaria y social a través de la destrucción sistemática de la biodiversidad y de los elementos que sostienen la vida. Cuestionan que la apuesta por la hiperdigitalización o el lavado verde de empresas que han contribuído al cambio climático difícilmente pueden sentar las bases de una auténtica transición ecosocial. Afirman que, nuevamente, estas compañías dejarán a la mayoría de la población con las migas que les sobran del pastel.
Esta acción en Madrid se suma a otras similares que están teniendo lugar durante este sábado, algunas de ellas frente a las delegaciones del gobierno, en distintos territorios como Barcelona, Sevilla, Palma de Mallorca, Santander, Vigo, Coruña, Zaragoza, Oviedo, Gijón, Málaga, Santa Cruz de Tenerife, León, Pamplona, Santiago, Lugo,Valencia, Tarragona o Alcázar de San Juan.
El gobierno español publicó a finales de diciembre el RD 26/2020 que establece la forma de gobernanza para la adjudicación de los fondos. Esta norma deja clara la apuesta por las colaboraciones público-privadas como piedra angular de la gestión de los grandes proyectos, a través de la figura de los PERTE. Las organizaciones que han protagonizado la protesta denuncian que este modelo mixto, que ha sido cuestionado por el Tribunal de Cuentas Europeo, es una forma de privatización encubierta que ha proliferado en los últimos años como una vía para poner en manos del sector privado la construcción y gestión de bienes y servicios tradicionalmente públicos. Se trata de una figura que permite socializar las pérdidas y privatizar las ganancias.
Estas condiciones reducen las posibilidades de acceso a toda una red capilar de proyectos de la economía social y solidaria que, según las organizaciones convocantes, sí podrían suponer una transformación importante del modelo económico, basado en una planificación y gestión democrática, y una mirada feminista, social y solidaria.
La pandemia ha puesto de relieve la fragilidad de un sistema globalizado donde los sectores que sostienen una vida digna (como las residencias o la sanidad) están precarizados, así como la falta de resiliencia de unos ecosistemas cada vez más degradados. Los fondos europeos asignados a nuestro país ascienden a 140.000 millones de euros, la mitad como préstamos y la otra mitad a fondo perdido, deberían servir para fortalecer las condiciones necesarias para la vida. Sin embargo, lejos de financiar una transición ecológica justa, todo apunta a que van a estar condicionados a reformas estructurales, laborales y del sistema público de pensiones que van a profundizar la brecha social, que perpetúan el actual sistema económico injusto.
Las organizaciones, entre ellas Ecologistas en Acción, señalan que la transición prometida no supone ninguna transición, ni ecológica ni social, sino más de lo mismo. Para enfrentar las múltiples emergencias en las que vivimos, estos fondos deben destinarse a fortalecer los servicios públicos, ordenar y planificar una auténtica transición ecológica, garantizar la justicia social, y transitar hacia una economía social y solidaria, feminista y que priorice el bien común en lugar del lucro privado.
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