La Corte Internacional de Justicia (CIJ) declaró a Myanmar responsable de genocidio contra la minoría rohinyá. Es la primera vez que un tribunal internacional determina que un Estado ha cometido genocidio.
El presidente de la CIJ, Yuji Iwasawa, afirmó que Myanmar tuvo la intención de destruir una parte sustancial de la población rohinyá y que hubo una destrucción extensa de pruebas para ocultar los crímenes. El jueves, el tribunal concluyó que la intención genocida era la única inferencia razonable que podía extraerse de las pruebas examinadas.
La decisión se adoptó por nueve votos contra seis. La mayoría también determinó que Myanmar había infringido varios otros artículos de la Convención sobre el Genocidio de 1948.
La operación militar de 2017
El caso, presentado por Gambia, se centró en las llamadas operaciones de despeje iniciadas en 2017 en el estado de Rakáin, donde residía buena parte de la minoría musulmana rohinyá. Ese año, una ofensiva militar causó miles de muertes y llevó a más de 700.000 personas a huir de Myanmar, un país de mayoría budista anteriormente conocido como Birmania.
La operación comenzó después de que combatientes del Ejército de Salvación Rohinyá de Arakán (ARSA) lanzaran ataques mortales contra más de 30 puestos policiales. Las tropas de Myanmar, apoyadas por grupos de civiles budistas, emprendieron entonces una ola de violencia que provocó el éxodo masivo de rohinyás.
Personas refugiadas relataron la quema de pueblos enteros y asesinatos masivos de civiles. Supervivientes y testigos también declararon que el ejército había violado y maltratado a mujeres y niñas rohinyás. La CIJ determinó que alrededor de 10.000 personas fueron asesinadas violentamente durante la operación; se calcula que más de 700.000 huyeron a Bangladesh por tierra o por mar. Según el tribunal, unas 815.000 fueron objeto de ataques de algún tipo.
Violencia y destrucción de pruebas
Iwasawa señaló que las fuerzas militares cometieron asesinatos indiscriminados, ejecutaron a hombres, ejercieron violencia sexual generalizada y perpetraron actos de extrema violencia contra niños. También quemaron deliberadamente viviendas rohinyás y atacaron a personas que huían hacia Bangladesh.
El presidente de la corte añadió que Myanmar destruyó pruebas al quemar o deshacerse de cadáveres, incendiar y arrasar con excavadoras lugares despejados y no procesar a quienes habían perpetrado los actos violentos.
La CIJ reconoció el papel de ARSA, pero también observó un solapamiento entre una campaña de discurso de odio contra los rohinyás —que los presentaba como seres inferiores y una amenaza violenta— y las operaciones militares que aumentaron la probabilidad de violencia contra esa población.
La postura de Myanmar y las reparaciones
Myanmar negó reiteradamente el genocidio y sostuvo que sus operaciones respondían a amenazas de grupos militantes o insurgentes tras los ataques de ARSA. En enero, el representante del Gobierno, Ko Ko Hlaing, defendió ante la CIJ que el país no tenía por qué permanecer inactivo y permitir que los terroristas actuaran sin restricciones. Tras el fallo del jueves, dijo que no tenía comentarios.
La corte examinó también el trato más amplio dispensado a los rohinyás antes de las operaciones. Concluyó que políticas como limitar a dos el número de hijos de las parejas casadas eran discriminatorias y buscaban erosionar sus derechos.
El tribunal señaló que Myanmar debe pagar reparaciones proporcionales, aunque indicó que la cuantía exacta podrá determinarse más adelante.
Un fallo celebrado por la comunidad rohinyá
La decisión fue recibida favorablemente por comunidades rohinyás y organizaciones de derechos humanos. Mohammed Nowkim, un rohinyá expulsado de Rakáin en 2017 que ahora vive en Canadá, afirmó que el fallo suponía un reconocimiento formal de su sufrimiento y recordó que la comunidad llevaba décadas esperando justicia.
Human Rights Watch consideró que la sentencia reconocía el sufrimiento padecido por los rohinyás. El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, describió el sufrimiento, la miseria y la humillación infligidos a la población como una mancha en la conciencia de la humanidad, y sostuvo que la decisión debía traducirse en medidas concretas.
Para atribuir genocidio al Gobierno de Myanmar, la corte debía establecer no solo que se habían cometido actos graves, sino también que funcionarios o instancias del Estado tenían la intención de destruir al grupo, total o parcialmente. El fallo no tiene precedentes: Myanmar es el primer Estado declarado responsable de infringir la Convención sobre el Genocidio de 1948.
Repercusiones en otros casos
Desde la firma de la Convención, en el periodo posterior al Holocausto, la CIJ solo había examinado en dos ocasiones denuncias de genocidio respaldado por un Estado; en ambos casos concluyó que no había pruebas suficientes para atribuirle las acciones al Estado. Decenas de personas han sido declaradas culpables de genocidio, pero demostrar que actuaron directamente por orden estatal exige un umbral probatorio más alto. El genocidio es el crimen más grave del derecho internacional.
Philippe Sands, abogado especializado en derechos humanos que contribuyó a impulsar el caso, calificó la decisión de histórica y la situó entre los grandes hitos de la justicia internacional, junto a Núremberg y Pinochet. La CIJ no es un tribunal penal y sus facultades para hacer cumplir sus decisiones son limitadas: no puede encarcelar a militares y depende del Consejo de Seguridad de la ONU y de la presión política.
El fallo tendrá repercusiones para otros casos de genocidio pendientes ante la CIJ, entre ellos el presentado por Sudáfrica contra Israel por la guerra en Gaza. Sands dijo que ese proceso había sido el asunto incómodo durante las audiencias sobre Myanmar. Añadió que la decisión contra Myanmar no determina cómo resolverá la corte el caso de Gaza, pero que, si no hubiera declarado responsable a Myanmar, el proceso contra Israel habría quedado, en la práctica, acabado. Israel sostiene que la demanda contra el país carece por completo de fundamento.
Reacciones y medidas anunciadas
Antonia Mulvey, directora ejecutiva de Legal Action Worldwide, afirmó a la BBC que la corte no aceptó la defensa antiterrorista de Myanmar y que, por primera vez, determinó que la violación y la violencia sexual constituían actos de genocidio. Según Mulvey, la corte tendrá presentes esas posiciones en futuros casos.
Tras la decisión del jueves, el ministro de Exteriores británico, Ed Miliband, anunció que el Gobierno había ordenado la expulsión del agregado de defensa de Myanmar y que convocaría a su encargado de negocios.
Miliband se comprometió a anunciar en los días siguientes nuevas medidas para garantizar que los responsables rindan cuentas, después de que un grupo parlamentario multipartidista pidiera al Gobierno reanudar las sanciones contra el ejército de Myanmar.
La noticia en cifras
| Cifra | Dato |
|---|
| 9 votos frente a 6 | Mayoría con la que el tribunal dictó el fallo. |
| Alrededor de 10.000 | Rohingyas que, según el tribunal, fueron asesinados violentamente durante la operación. |
| Más de 700.000 | Rohingyas que se calcula que huyeron a Bangladesh. |
| Aproximadamente 815.000 | Personas que, según el tribunal, fueron objeto de algún tipo de ataque. |