El PP exige mayor participación de las CCAA en políticas europeas y financiación agrícola

Reacción del PP tras la Conferencia Sectorial y Consultivo

Los consejeros de Agricultura y Pesca de las comunidades autónomas del Partido Popular han expresado su “profundo malestar” al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. Esta reacción surge a raíz de la decisión del Gobierno de definir la posición española ante la futura Política Agraria Común (PAC) y la Política Pesquera Común (PPC) sin una participación activa y presencial de las comunidades autónomas.

Los representantes del PP han denunciado que el Ministerio pretende establecer la postura de España en relación con la PAC, PPC y el Marco Financiero Plurianual (MFP) relegando a las comunidades autónomas a responder un simple cuestionario, en lugar de fomentar un auténtico proceso de diálogo y negociación.

Demandas del Partido Popular

Consideran “inaceptable” que temas tan cruciales para el futuro de los agricultores y ganaderos españoles se intenten resolver mediante un cuestionario cerrado, con opciones previamente seleccionadas por el propio Ministerio. Este enfoque limita la posibilidad de un diálogo político real con los distintos gobiernos autonómicos.

Se subraya que se está discutiendo una modificación estratégica del PEPAC 2026, lo que implica fijar la posición que España debe defender en Europa respecto a la futura PAC, el MFP y la PPC.

Para las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, es fundamental que tanto la PAC como la PPC mantengan al menos el nivel actual de financiación. Para lograrlo, consideran que el Gobierno español debe adoptar una postura firme, clara y ambiciosa en el Consejo de Ministros de la Unión Europea, donde se toman decisiones clave sobre estas políticas.

Afirmaciones sobre liderazgo gubernamental

Los consejeros han dejado claro que no tolerarán que los agricultores, ganaderos y pescadores españoles sufran las consecuencias de una mala PAC o PPC debido a la falta de liderazgo del ministro de Agricultura. El Gobierno tiene la obligación ineludible de defender los intereses del sector primario en Europa, lo cual requiere consensuar una posición común sólida con las comunidades autónomas.