Juicio contra 2.000 moderadores de Meta por despidos tras ver contenido extremo en redes sociales

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha iniciado el juicio relacionado con el despido colectivo de 2.062 moderadores de contenidos de Facebook e Instagram, quienes trabajaban en Barcelona. Este grupo formaba parte de CCC Barcelona Digital Services, que posteriormente se integró en Telus Digital, una de las empresas subcontratadas por Meta para la revisión de contenido violento y perturbador en sus plataformas. La resolución del caso aún está pendiente.

El litigio cuestiona la legalidad del cierre del servicio y el expediente de regulación de empleo (ERE) aprobado en abril de 2025. El sindicato FIST argumenta que los despidos deberían ser considerados nulos, aduciendo que el cierre podría haber estado vinculado a un aumento en las reclamaciones laborales. Antes del ERE, había más de 1.200 denuncias pendientes relacionadas con diferencias salariales, problemas de salud mental y cuestiones sobre prevención de riesgos laborales.

Los demandantes también sostienen que parte del trabajo fue trasladado a otros países europeos, algo que las empresas niegan, asegurando que fue Meta quien decidió rescindir el contrato, lo que llevó a la ejecución del despido por razones organizativas y productivas.

Un centro clave para la moderación en España

La historia comenzó en junio de 2018, cuando Meta —entonces Facebook— estableció un importante centro de moderación en la Torre Glòries de Barcelona, gestionado por CCC Barcelona Digital Services.

En este centro se contrataron numerosos trabajadores de diversas nacionalidades para revisar contenidos en Facebook, Instagram y Messenger en múltiples idiomas. En 2020, CCC fue adquirida por Telus International, hoy conocida como Telus Digital.

La labor consistía teóricamente en aplicar las normas comunitarias y decidir si una imagen o un video debía ser eliminado o permanecer publicado. Sin embargo, muchos empleados se encontraron expuestos a algunos de los contenidos más extremos disponibles en Internet durante largas jornadas laborales.

Denuncias sobre contenido extremo y su impacto psicológico

La magnitud del problema salió a la luz con fuerza en octubre de 2023, cuando una investigación publicada por el diario español La Vanguardia reveló testimonios impactantes de varios moderadores.

Uno de los testimonios provino de un joven brasileño que comenzó a trabajar allí a los 19 años. Relató su experiencia al ser asignado al equipo encargado de revisar casos críticos, donde tuvo que enfrentar asesinatos, torturas y suicidios transmitidos en directo. Tras unos meses, empezó a experimentar pesadillas e insomnio severo.

Otros empleados también mencionaron haber visto videos relacionados con canibalismo y violencia extrema, lo que les llevó a desarrollar problemas graves como ansiedad y depresión. Una moderadora argentina compartió su experiencia trabajando con transmisiones suicidas, lo cual le provocó pensamientos suicidas propios debido a la exposición constante a tales contenidos.

Dificultades laborales y respuesta institucional

No solo el tipo de contenido era problemático; también lo era el ritmo laboral. Los moderadores tenían que ver ciertos videos varias veces para determinar qué acción tomar respecto a ellos. Además, denunciaron exigencias excesivas en cuanto a productividad y descansos inadecuados.

A partir de octubre de 2023, la plantilla totalizada por CCC/Telus alcanzaba aproximadamente 2.030 empleados, con una alarmante tasa de absentismo del 19,8%. Los grupos más numerosos eran aquellos dedicados al mercado latinoamericano hispanohablante y lusófono.

A pesar de que la empresa afirmaba contar con apoyo psicológico para sus trabajadores, muchos consideraban estas medidas insuficientes frente al estrés diario al que estaban sometidos debido al contenido extremo al que estaban expuestos.

Caso judicial sobre daños psicológicos

El conflicto llegó finalmente a los tribunales. En enero del 2024, una sentencia determinó que una enfermedad psiquiátrica sufrida por un moderador era considerada un accidente laboral. Este caso avanzó hasta llegar al Tribunal Supremo español, que confirmó esta resolución el 4 de marzo de 2026.

Dicha sentencia destacó el impacto negativo del visionado continuo de imágenes violentas, bajo condiciones laborales muy exigentes. El trabajador afectado había estado empleado solo ocho meses antes de iniciar una baja médica sin posibilidad de reincorporarse. Para ese momento, el centro ya había cerrado sus puertas tras la decisión comunicada por Meta el 2 de abril de 2025.

Esa decisión puso en riesgo alrededor de 2.000 puestos laborales, dando inicio al proceso del despido colectivo entre abril y mayo. Ahora es el Tribunal Superior quien deberá determinar si este cierre fue una consecuencia legítima del fin del contrato con Meta o si realmente se trató del abandono deliberado hacia una plantilla ya afectada por numerosas reclamaciones laborales.

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