DEL MALLETE AL TRIBUNAL: TREINTA AÑOS DE PODER EN LA MASONERÍA ANDORRANA

2 de agosto de 2026

Lo que empezó como un pleito laboral terminó abriendo una puerta a tres décadas de poder, silencios y memoria controlada. La vista enfrentó a una antigua secretaria con la asociación que ya no dirige el hombre al que sirvió durante años. Detrás de las nóminas, las llaves y los correos apareció una pregunta mucho más incómoda: quién tenía derecho a hablar en nombre de Andorra.

La sala donde regresó el pasado

La primera sesión del juicio promovido por Lara de Miguel contra el Cercle Ramon Llull se prolongó durante más de cuatro horas, entre interrogatorios, documentos, interrupciones y declaraciones. Sobre el papel, se discutía un conflicto de trabajo. En la práctica, la vista fue abriendo otra historia: la de una empleada que durante años había sido mucho más que una secretaria y la de un dirigente que había terminado confundiendo su larga permanencia con la propia institución.

Lara de Miguel había custodiado llaves, archivos, contactos, pagos y rutinas internas. Conocía la casa desde dentro. Sabía quién llamaba, quién pagaba, quién debía asistir a cada acto y qué puertas había que abrir. Bajo la presidencia de Antoni d’Ortadó, su margen de actuación creció hasta convertirla en una pieza central de la administración cotidiana. Cuando cambió la dirección, no perdió solo tareas: perdió una posición construida durante años alrededor de una relación de confianza personal.

En la sala quedó claro que la demanda no vive sola. La sostienen varios hombres ligados al antiguo poder, entre ellos el propio Ortadó, que dirigió la institución durante aproximadamente veinticinco años y defendió con firmeza la trayectoria de su antigua colaboradora. Su testimonio no era el de un observador lejano. Cada vez que afirmaba que Lara era gerente, que tenía una paga extraordinaria o que actuaba con autorización, también estaba defendiendo su propia manera de gobernar.

Ahí está la clave humana y política del caso. Lara necesita demostrar que aquello que recibió durante la etapa de Ortadó eran derechos consolidados. Ortadó necesita demostrar que la nueva dirección llegó para destruir un sistema que funcionaba. Ella protege su posición laboral. Él protege el legado de un poder que ya no controla. Las dos historias avanzan juntas.

Un país pequeño no es un territorio vacío

Para entender por qué este juicio despierta tanta tensión hay que volver a los años noventa. Andorra acababa de estrenar su Constitución moderna, pero su soberanía no era nueva ni negociable. Era un Estado, no una zona disponible entre Francia y España. Aun así, varias estructuras masónicas vecinas trataron el país como un espacio en el que podían proyectar sus propias jerarquías.

En 1993, Thierry Hortolan y Josep Guirao impulsaron una asociación civil con un objetivo sencillo: que los masones andorranos pudieran organizarse desde Andorra y escoger a sus propios dirigentes. Querían una institución nacional, no una etiqueta andorrana sobre una autoridad extranjera. El conflicto empezó precisamente ahí, en una idea que parece obvia: el nombre del país debía ir acompañado del poder real de sus miembros.

La discusión no era ritual ni decorativa. Se trataba de decidir quién mandaba. Los andorranos podían aceptar ayuda, reconocimiento o cartas patentes de obediencias más antiguas, pero no querían que esa ayuda se convirtiera en tutela. La frontera era clara: cooperación sí; sustitución, no.

Occitania cruza la frontera

En 1994, la Gran Logia Provincial de Occitania, dependiente de una obediencia francesa, instaló en Andorra la logia La Triada. El proyecto no nació de una asamblea local ni de una mayoría andorrana. Sus oficiales eran principalmente franceses, el idioma de trabajo previsto era el francés y el liderazgo futuro también se diseñaba desde fuera. El país aportaba el nombre y el territorio; la autoridad llegaba de Francia.

Esa operación fue presentada como el principio de una futura Gran Logia andorrana. Pero para los masones que ya estaban trabajando en el país, la promesa tenía una trampa: podían incorporarse, aunque no decidir. Occitania avanzaba con una estructura propia y dejaba claro que seguiría adelante con ellos o sin ellos.

La reacción local fue inmediata. Los andorranos buscaron apoyo en España, fundaron Montsalvat e intentaron reunir a quienes procedían de obediencias distintas. No querían cerrar la puerta a Francia ni a España. Querían evitar que cualquiera de las dos decidiera por Andorra. Esa fue la primera batalla por la soberanía masónica del Principado.

Cataluña entra en el tablero

La intervención francesa no actuó sola. La Gran Logia Provincial de Cataluña participó en decisiones que condicionaron la evolución del proyecto andorrano. Montsalvat había nacido bajo amparo español, pero el apoyo se fue debilitando y las disputas internas dejaron a los defensores de la autonomía atrapados entre dos provincias vecinas.

La contradicción era difícil de ocultar. En teoría, la masonería regular reconoce un criterio territorial: una Gran Logia por Estado. En la práctica, dos provincias -una francesa y otra española- terminaron influyendo sobre la organización de un tercer país. Andorra era tratada como una pieza que Toulouse y Barcelona podían ordenar entre ellas.

Aquí conviene separar cultura y poder. El catalán es la lengua oficial de Andorra y forma parte de su identidad. El problema no es el catalanismo cultural. El problema aparece cuando la afinidad lingüística se utiliza como coartada para intervenir en la soberanía ajena. Compartir lengua no da derecho a elegir los dirigentes de otro Estado.

El hombre elegido desde fuera

Antoni d’Ortadó apareció dentro de una de las logias promovidas por Occitania y avanzó con una rapidez llamativa. En 1998 aceptó convertirse en Gran Maestro del futuro Distrito de Andorra. El principal grupo de masones andorranos no lo había elegido. Carlemany, la logia que reunía a la mayoría local, tampoco había participado de manera normal en aquella designación.

La convocatoria decisiva llegó con apenas dos días de margen. Los responsables de Carlemany denunciaron que no podían revisar la documentación, movilizar a sus miembros ni votar en condiciones razonables. La ceremonia siguió adelante. La estructura quedó constituida, aunque la mayoría local hubiera protestado y pedido un aplazamiento.

Ortadó aportaba exactamente lo que el proyecto exterior necesitaba: un dirigente con ciudadanía andorrana capaz de ofrecer una apariencia nacional. Pero el pasaporte no resolvía el problema de fondo. Ser andorrano no equivale a haber sido elegido por los andorranos. La legitimidad no nace solo del documento de identidad; nace del consentimiento de quienes deben ser representados.

El día en que cambió el mallete

El momento más duro llegó el 8 de junio de 1998. Josep Guirao se encontraba en Estados Unidos. Durante su ausencia, Ortadó se presentó en Carlemany, pidió el mallete y suspendió a Guirao y a Joan Lluís Pérez. El símbolo de autoridad cambió de manos sin que el dirigente ausente pudiera defenderse.

Después de aquel episodio, Carlemany terminó incorporada a la estructura que había rechazado. Lo que más tarde se describiría como una integración ocultaba una secuencia mucho menos pacífica: protesta, presión, suspensión y absorción. La continuidad institucional posterior no borra la manera en que se produjo la toma de control.

Con el tiempo llegaron el reconocimiento internacional, las ceremonias, los cargos y la normalidad administrativa. El paso de los años hizo el resto. Lo excepcional se convirtió en costumbre y la costumbre empezó a presentarse como legitimidad de origen. Ortadó ya no era el dirigente promovido en medio de una operación exterior. Era, sencillamente, el hombre que siempre había estado allí.

Treinta años alrededor de una sola figura

El poder prolongado transforma las instituciones. Primero se concentra la información. Luego se confunden los acuerdos personales con las normas. Después, quienes llegan más tarde creen que aquello siempre funcionó así. Cuando un mismo dirigente permanece durante décadas, la organización acaba respirando a su ritmo.

En el entorno de Ortadó, las funciones se ampliaron, los pagos se normalizaron y la secretaria ganó un acceso extraordinario a la vida interna. No hay nada extraño en que una empleada de confianza asuma responsabilidades. Lo problemático aparece cuando la estructura depende tanto de esa relación que un cambio de presidencia se vive como la demolición de un mundo entero.

La larga etapa de Ortadó produjo una cultura de lealtades personales. Lara no era solo quien ejecutaba tareas. Era quien sabía cómo se hacían las cosas y quién había autorizado cada práctica. Su posición tenía valor porque estaba unida a la continuidad del dirigente. Cuando esa continuidad se rompió, la institución y la trabajadora dejaron de compartir la misma definición de normalidad.

La secretaria del viejo orden

El juicio mostró hasta qué punto Lara había ocupado el centro operativo del sistema. Tenía acceso al local, a los armarios, a la documentación y a determinadas gestiones bancarias. Organizaba actos, seguía cobros, atendía a asociados y participaba en reuniones. El propio Ortadó defendió que había sido promovida a gerente y que actuaba con autorización.

La nueva dirección revisó accesos, procedimientos y condiciones. Lara interpretó esos cambios como un vaciamiento de funciones. El correo del 7 de agosto se convirtió en el símbolo de su relato: una lista de tareas, controles diarios, informes sobre llamadas y visitas y nuevas reglas para trabajar. Pero durante el interrogatorio admitió que podía realizar varias de aquellas tareas y que algunas formaban parte de sus funciones.

La discusión, por tanto, no era si existía trabajo. Era si podía hacerlo con los medios disponibles y si el nuevo control era razonable. Lara sostuvo que no tenía acceso al banco ni a ciertos documentos. También reconoció que, de no haber iniciado la baja aquel mismo día, probablemente habría pedido la información que necesitaba. La situación quedó congelada antes de que pudiera comprobarse si la nueva junta habría facilitado los medios o mantenido el bloqueo.

Eso no vuelve irrelevante su malestar. Perder autonomía después de años de confianza puede resultar devastador. Pero el sufrimiento no responde por sí solo a la pregunta jurídica. Una reorganización brusca puede hacer daño sin formar parte de un plan de acoso. Y una trabajadora puede sentirse desplazada porque la institución está recuperando competencias que durante años habían quedado concentradas en ella.

Los testigos de una época que terminó

Los principales apoyos de la demandante proceden del antiguo entorno dirigente. Hortodó, Guillem Martínez y Marfon Vilaginés defendieron una imagen muy parecida: Lara era competente, tenía responsabilidades de gerencia, cobraba correctamente y actuaba dentro de un sistema conocido por todos. Su versión refuerza la demanda, pero también reivindica el modelo que ellos mismos habían administrado.

No es necesario acusarlos de mentir para comprender su posición. Las personas recuerdan desde el lugar que ocuparon. Quien ha perdido una presidencia, un cargo o una influencia no observa a la nueva dirección con la misma distancia que un tercero ajeno al conflicto. Sus testimonios pueden contener hechos ciertos y, al mismo tiempo, una lectura marcada por la caída de su propio grupo.

Ese es uno de los aspectos más humanos de la vista. Nadie parecía hablar únicamente de una empleada. Hablaban de una etapa. De cómo se gobernaba antes. De quién conocía las cuentas. De quién organizaba los actos. De quién tenía las llaves. El juicio se convirtió en una discusión sobre el pasado, solo que expresada mediante categorías laborales.

El dolor no decide quién tenía el poder

Según el propio entorno de la demandante, el psiquiatra confirmó que Lara sufrió un deterioro importante y que la situación laboral tuvo un peso central en su baja. Ese diagnóstico merece respeto: una enfermedad real no debe convertirse en objeto de sospecha ni de burla. Pero tampoco puede utilizarse como una sentencia automática contra la asociación.

El médico conocía el conflicto a través del relato de la paciente y de la información que le trasladó su entorno. No estuvo en las reuniones, no vio quién cerró los armarios y no podía conocer la intención de cada decisión. Podía acreditar el daño clínico descrito, pero no certificar por sí solo que la nueva presidencia hubiera diseñado una estrategia para expulsarla.

La diferencia es esencial. Lara pudo vivir el cambio como una pérdida humillante y traumática. Esa experiencia puede ser sincera. Pero el tribunal debe decidir si las medidas fueron ilegales, desproporcionadas y deliberadamente dirigidas contra ella. El sufrimiento explica la demanda; no sustituye la prueba.

El catalanismo como coartada de poder

Andorra forma parte del espacio cultural catalán, pero no forma parte de Cataluña. Tampoco es Catalunya Nord, una denominación que se refiere a territorios catalanohablantes administrados por Francia. Andorra es un Estado independiente, con instituciones propias y una historia política que no puede reducirse a una prolongación de sus vecinos.

La vinculación de Ortadó con estructuras de Occitania y Cataluña adquiere importancia precisamente por eso. El problema no era que sus miembros hablaran catalán o compartieran referencias culturales. El problema era que tomaban decisiones sobre Andorra desde provincias instaladas fuera del país. La fraternidad se convertía en tutela.

Durante años, esa tutela quedó cubierta por una apariencia nacional: un nombre andorrano, un dirigente andorrano y una institución asentada en el Principado. Pero el origen seguía mostrando una dependencia incómoda. El hombre que terminó gobernando durante décadas había sido promovido dentro de una operación diseñada por autoridades francesas y españolas. La bandera era andorrana. El impulso inicial no.

El juicio como última batalla

La demanda de Lara llega cuando el viejo equilibrio ya se ha roto. Ortadó y otros antiguos responsables han sido apartados o suspendidos. La nueva dirección intenta controlar directamente la documentación, los accesos y las decisiones. La persona que encarnaba la administración del periodo anterior pierde autonomía y acude a los tribunales con el apoyo de quienes acaban de perder el mando.

La coincidencia de intereses resulta evidente. Una sentencia favorable a Lara no solo tendría consecuencias económicas. También permitiría sostener que la gestión anterior era legítima y que la nueva junta había llegado para destruir derechos y perseguir a una trabajadora ejemplar. El pleito podría convertirse en la pieza que el antiguo grupo necesita para presentarse como víctima de quienes recuperaron la institución.

Eso no significa que cada reclamación de Lara carezca de fundamento. El juez deberá decidir sobre su categoría, la paga, el aparcamiento, las funciones y la ruptura contractual. Pero el periodismo no puede detenerse en la nómina. Debe observar quién se beneficia políticamente del relato y por qué los testigos principales pertenecen al mismo bloque que acaba de perder treinta años de poder.

Andorra no se administra desde fuera

La historia vuelve siempre a la misma pregunta. ¿Quién tenía derecho a hablar en nombre de Andorra? Los promotores de Carlemany respondieron que debían hacerlo los masones andorranos y residentes, no las provincias francesas, no las autoridades españolas y no un Gran Maestro escogido desde fuera.

Ortadó ganó la batalla organizativa. Obtuvo el cargo, el reconocimiento y la permanencia. Pero ganar no cambia el origen de la disputa. Carlemany no se integró después de un acuerdo sereno entre iguales. Su dirección fue suspendida, el mallete cambió de manos y la logia acabó dentro de la estructura que había combatido.

Treinta años más tarde, el viejo poder intenta sobrevivir en otro terreno. Ya no se disputa el mallete en una tenida. Se disputan correos, accesos, certificados y contratos ante un juez. Cambian los instrumentos, pero el fondo permanece: quién controla la institución y quién escribe su historia.

Andorra no es una provincia de Occitania. No es una extensión administrativa de Cataluña. No es un espacio vacío entre dos países mayores. Es un Estado. La cercanía cultural no anula la frontera política y el reconocimiento posterior no convierte una toma de control discutida en una elección libre.

El mallete puede cambiar de mano. Los archivos pueden reordenarse. Los tribunales pueden decidir sobre salarios y funciones. Pero la soberanía no se hereda por costumbre ni se adquiere por permanecer treinta años en el cargo. Se ejerce respetando el derecho de una comunidad a escoger a sus dirigentes y a gobernar sus instituciones sin tutelas exteriores.

“Andorra no es una provincia. Es un país.”