Policía Nacional confiscó más de 600.000 juguetes falsificados en Madrid

La Policía Nacional ha llevado a cabo una de las mayores intervenciones en su historia al incautar más de 600.000 juguetes falsificados, que pertenecen a diversas marcas registradas, vinculadas a una conocida plataforma de streaming. Esta operación ha resultado en la confiscación de un total de 25 toneladas de productos, cuya calidad es significativamente inferior a la de los originales, representando un grave riesgo para la salud y seguridad, especialmente para los menores.

Las investigaciones se desarrollaron en cinco naves ubicadas en la Comunidad de Madrid, específicamente en Getafe, Fuenlabrada y Parla. Como resultado, dos individuos han sido arrestados bajo la acusación de cometer un delito contra la propiedad industrial. A las 10:30 horas, los responsables del caso ofrecerán detalles adicionales a los medios en el Complejo Policial de Canillas, donde se exhibirá parte del material confiscado.

Intervención policial y riesgos asociados

Los agentes detectaron la llegada de estos juguetes falsificados gracias a un flujo sospechoso de envíos procedentes de China. Las partidas incluían documentación irregular con datos falsos que complicaban cualquier acción policial. La primera intervención permitió interceptar 72 cajas que contenían productos relacionados con una popular producción audiovisual internacional. Estos artículos presentaban acabados deficientes y carecían de las garantías mínimas requeridas para su comercialización en el mercado europeo.

A raíz de esta actuación inicial, los investigadores identificaron a la destinataria y localizaron el centro operativo principal: una nave industrial en Parla. La operación se expandió con cinco inspecciones simultáneas en diferentes localidades, revelando un entramado considerable que acumulaba más de 600.000 artículos, incluyendo peluches, llaveros y otros objetos no autorizados.

Prevención de riesgos para la salud infantil

La investigación subrayó no solo el perjuicio económico para los titulares de derechos industriales, sino también el riesgo real que estos productos suponían para la salud pública, sobre todo entre los niños. Muchos juguetes estaban fabricados con materiales endebles y piezas pequeñas que podían desprenderse fácilmente, lo que incrementaba el peligro de asfixia o intoxicación.

Además, las pesquisas se extendieron a varias empresas logísticas, donde se intervinieron otras 36 cajas relacionadas con los mismos responsables, sumando más de 16.000 artículos adicionales. La operación culminó con la detención del arrendatario del centro en Parla y la persona encargada de recibir los pedidos. Ambos han sido puestos a disposición judicial como presuntos autores de un delito contra la propiedad industrial.

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