España regularizará a medio millón de inmigrantes indocumentados

El gobierno español ha presentado un ambicioso plan para regularizar la situación de los migrantes indocumentados en el país, una medida que podría beneficiar a al menos medio millón de personas. La regularización estará disponible para aquellos extranjeros que no tengan antecedentes penales y puedan demostrar que han residido en España durante al menos cinco meses antes del 31 de diciembre de 2025.

«Este es un día histórico para nuestro país», afirmó Elma Saiz, ministra de inclusión, seguridad social y migración. La propuesta contempla otorgar a los beneficiarios un permiso de residencia inicial por un año, el cual podrá ser renovado. Se espera que las solicitudes de legalización comiencen en abril y se mantendrán abiertas hasta finales de junio.

Modelo migratorio basado en derechos humanos

Saiz destacó que esta medida refuerza un modelo migratorio fundamentado en derechos humanos, integración y convivencia, compatible con el crecimiento económico y la cohesión social. En los últimos años, España ha experimentado un notable aumento en la llegada de migrantes, principalmente provenientes de América Latina.

Un estudio del think tank conservador Funcas reveló que el número de migrantes indocumentados ha crecido significativamente, pasando de 107,409 en 2017 a 837,938 en 2025, lo que representa un incremento ocho veces mayor. Actualmente, se estima que la mayoría de estos migrantes indocumentados provienen de Colombia, Perú y Honduras.

Papel clave de los inmigrantes en la economía

El gobierno español, liderado por una coalición socialista, ha adoptado una postura diferenciada respecto a otros grandes países europeos al subrayar la importancia de los migrantes para la economía nacional. En años recientes, España ha superado a otras principales economías de la UE con un crecimiento proyectado cercano al 3% para 2025.

La tasa de desempleo también ha mostrado signos positivos, cayendo por debajo del 10% por primera vez desde 2008, según datos recientes. El primer ministro Pedro Sánchez ha calificado a los inmigrantes como elementos fundamentales para «la riqueza, el desarrollo y la prosperidad» del país, resaltando su contribución al sistema de seguridad social.

Reacciones políticas ante la regularización

Desde el gobierno y partidos progresistas se ha enfatizado la necesidad de tratar a los migrantes con humanidad. Irene Montero, representante del partido Podemos y exministra en el gobierno coaligado con los socialistas, afirmó: «Proporcionar derechos es la respuesta al racismo». Montero ha sido una ferviente defensora de esta medida tras un acuerdo entre su partido y el ejecutivo.

A pesar del apoyo popular —una propuesta legislativa cívica recibió respaldo de alrededor de 700,000 personas, aunque había quedado estancada en el parlamento— esta iniciativa será promulgada mediante real decreto, lo que evita su aprobación parlamentaria. Se trata del primer esfuerzo significativo por regularizar a gran escala a migrantes en España en dos décadas.

Anteriores iniciativas similares llevaron a cabo gobiernos tanto socialistas como del Partido Popular (PP), legalizando aproximadamente medio millón de migrantes entre 1986 y 2005. Sin embargo, Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, advirtió que esta nueva regularización masiva podría «aumentar el efecto llamada y abrumar nuestros servicios públicos».

Por otro lado, Pepa Millán, portavoz del partido ultraderechista Vox, criticó la iniciativa argumentando que «ataca nuestra identidad» y anunció que su partido recurrirá ante el Tribunal Supremo para intentar bloquearla.

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