Legisladores republicanos de EE. UU. solicitan a la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI) una revisión urgente de seguridad nacional sobre drones fabricados en China, como DJI y Autel, debido a preocupaciones sobre riesgos para la seguridad nacional. Esta solicitud se enmarca en la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) para 2025 y busca evaluar si estos dispositivos representan amenazas en sus sistemas de comunicación y vigilancia. Con una fuerte presencia en el mercado estadounidense, los legisladores piden que la revisión se complete en 30 días y advierten sobre posibles restricciones regulatorias si se identifican riesgos. DJI ha manifestado su disposición a someterse a auditorías, aunque enfrenta dudas sobre su relación con el gobierno chino. Para más detalles, visita el enlace.
Un grupo de legisladores republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha solicitado a la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI) que acelere una revisión de seguridad nacional sobre los fabricantes de drones en China que operan en el mercado estadounidense.
Esta solicitud se enmarca dentro del cumplimiento de lo estipulado en la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) para el año 2025. En una carta dirigida al organismo de inteligencia, los representantes Elise Stefanik, Rick Crawford y John Moolenaar, provenientes de Nueva York, Arkansas y Michigan respectivamente, han instado a realizar una revisión urgente debido a la rápida evolución y complejidad tecnológica que caracteriza a estos dispositivos.
Los legisladores han argumentado que es fundamental llevar a cabo una revisión exhaustiva de las empresas Shenzhen Da-Jiang Innovations Sciences and Technologies Company Limited (DJI Technologies) y Autel Robotics, así como sus subsidiarias y afiliadas, antes de que entre en vigor una reciente orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump.
Dicha orden ejecutiva prioriza la integración en el espacio aéreo nacional únicamente de drones fabricados en Estados Unidos.
Los legisladores han subrayado la relevancia de la Sección 1709 de la NDAA, que ordena a las agencias nacionales evaluar si los sistemas de comunicación o vigilancia proporcionados por estas compañías chinas representan riesgos inaceptables para la seguridad nacional.
Dada la fuerte presencia en el mercado estadounidense tanto de DJI como de Autel, los congresistas han solicitado que esta revisión sea minuciosa y se complete dentro de un plazo no mayor a 30 días.
En caso de identificarse riesgos potenciales, instaron a notificar inmediatamente a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), para incluir a estas compañías en la denominada "Covered List", un registro que agrupa entidades sujetas a restricciones regulatorias.
En respuesta a estas preocupaciones, DJI ha manifestado su disposición para someterse a una auditoría, reiterando que ha comunicado oficialmente sus protocolos relacionados con privacidad y medidas de seguridad ante las agencias competentes.
A pesar del respaldo que las empresas chinas aseguran tener gracias a múltiples auditorías realizadas por autoridades estadounidenses, persisten sospechas sobre posibles vínculos con el Partido Comunista Chino.
Drones como los fabricados por DJI son actualmente líderes mundiales en su sector, con más del 50% de sus ventas comerciales concentradas en Estados Unidos. Sin embargo, enfrentan numerosos desafíos legales y regulatorios.
No es casualidad que en octubre pasado DJI haya demandado al Departamento de Defensa estadounidense tras ser incluida en una lista que la clasifica como empresa militar china. Esta acción legal fue presentada ante tribunales en Washington, donde la compañía negó estar controlada por el ejército chino y alegó que dicha clasificación le ha ocasionado daños reputacionales significativos y pérdidas comerciales severas.
A pesar del rechazo categórico por parte de DJI respecto a las acusaciones, los legisladores estadounidenses continúan expresando su preocupación sobre los posibles riesgos asociados con los drones producidos por esta empresa, especialmente en lo relacionado con la transmisión no autorizada de datos y actividades de vigilancia.