Hackers supuestamente vinculados a Irán han amenazado con publicar correos electrónicos de personas cercanas al expresidente Donald Trump, incluyendo a su jefa de Gabinete y su abogado. Estos piratas informáticos, que se hacen llamar 'Robert', afirman tener 100 gigabytes de información extraída de diversas cuentas de correo. La Casa Blanca y el FBI han respondido advirtiendo que cualquier violación a la seguridad nacional será investigada y procesada. Además, la Agencia de Ciberseguridad de EE.UU. calificó el ataque como "propaganda digital". Esta amenaza se suma a otros incidentes recientes de ciberseguridad relacionados con funcionarios del gobierno estadounidense.
Piratas informáticos presuntamente vinculados a Irán han emitido amenazas de revelar correos electrónicos pertenecientes a individuos cercanos al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Esta información fue divulgada por los propios hackers, quienes se identifican como ‘Robert’. Según sus declaraciones, poseen aproximadamente 100 gigabytes de datos extraídos de la correspondencia electrónica de varios miembros del círculo íntimo del mandatario.
Entre las personas afectadas se encuentran la jefa de Gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles; la abogada de Trump, Lindsey Halligan; el asesor del presidente, Roger Stone; y la actriz Stormy Daniels, quien ha estado en el centro de controversias relacionadas con intentos de silenciarla por parte del exmandatario. Este último hecho llevó a Trump a ser sentenciado en enero.
Los hackers han indicado que están considerando la posibilidad de vender el material, aunque no han proporcionado detalles específicos sobre el contenido de los correos electrónicos. Ante esta situación, tanto la Casa Blanca como el FBI emitieron una declaración conjunta advirtiendo que «las personas involucradas en cualquier tipo de violación a la seguridad nacional serán investigadas exhaustivamente y procesadas con todo el peso de la ley».
Por su parte, la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras de EE.UU. declaró que el supuesto ataque cibernético «no es más que propaganda digital» y representa una campaña calculada para desacreditar a servidores públicos honorables. Aseguraron que estos criminales serán localizados y llevados ante la justicia, advirtiendo que no habrá refugio ni tolerancia para tales acciones.