money laundering

La reciente controversia en torno a ActBlue, la plataforma de recaudación de fondos del Partido Demócrata, ha desatado un escándalo de lavado de dinero conocido como el caso de las "hipotecas mágicas". El fiscal general de Texas, Ken Paxton, ha ordenado a ActBlue que mejore su sistema de seguridad tras descubrir una serie de donaciones sospechosas que suman 200 millones de dólares. La investigación del Election Fairness Institute identificó 422 transacciones idénticas de 200 mil dólares cada una, vinculadas a funcionarios de ActBlue y presuntamente utilizadas para ocultar contribuciones ilegales. Este escándalo ha intensificado el escrutinio sobre la transparencia en la financiación política y ha llevado a llamados bipartidistas para reformar las leyes de financiamiento electoral. Las alegaciones incluyen el uso de hipotecas falsas y tácticas de "smurfing" para canalizar dinero oscuro hacia campañas demócratas. Con investigaciones en curso por parte del FBI y el Departamento de Justicia, se plantea un debate crucial sobre la integridad electoral y la necesidad urgente de reformas en la regulación del financiamiento político.

Una operación internacional ha llevado a la detención de un empresario ucraniano acusado de lavar cientos de millones de euros a través de bienes raíces en Francia y Mónaco. Las autoridades de Francia, Ucrania y Mónaco están colaborando para desmantelar un esquema de lavado de dinero relacionado con las ganancias de la venta ilegal de armas. Se han congelado 57 millones de euros en activos en Francia, destinados a ser devueltos a Ucrania. La investigación, que se realiza bajo un equipo conjunto establecido por Eurojust, ha revelado que el sospechoso utilizó propiedades en varios países para ocultar las ganancias ilícitas.

El 12 de mayo de 2025, el Tribunal Criminal Central de Lisboa condenó a 23 acusados, incluidos 10 individuos y 13 empresas, por un esquema masivo de fraude fiscal en la venta de bienes electrónicos en la UE. La investigación, conocida como "Admiral", reveló un daño estimado de €2.9 mil millones. Los principales perpetradores fueron sentenciados a penas de prisión que van de cinco a ocho años por fraude al IVA, lavado de dinero y corrupción. Además, se impusieron multas y confiscaciones significativas. Esta es solo la primera fase de una investigación más amplia que continúa en otros países europeos.

La Fiscalía Europea ha presentado una acusación ante el Tribunal de Bucarest contra 12 personas, incluyendo seis individuos y seis empresas, por un fraude de €9.5 millones relacionado con proyectos de tecnología de la información financiados por la UE. La investigación revela que entre 2019 y 2022, los acusados presentaron documentos falsos para obtener fondos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (ERDF). Los montos ilegales fueron transferidos a cuentas bancarias de empresas ficticias y utilizados en actividades no relacionadas con los proyectos. Los implicados enfrentan penas de prisión de tres a diez años y multas significativas. Esta acción es parte de un esfuerzo más amplio para combatir el fraude contra los intereses financieros de la UE.