Contratación

El Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha conseguido que el Tribunal de Cuentas investigue las contrataciones irregulares de personas cercanas a José Luis Ábalos en empresas públicas. La portavoz del GPP, Pilar Alía, denuncia el uso indebido de fondos públicos y solicita un análisis exhaustivo de los contratos laborales entre 2018 y 2024 en varias entidades. Se exige una revisión detallada de los procesos de selección, así como las funciones desempeñadas por los trabajadores, para asegurar la legalidad y eficiencia en el uso de recursos públicos. Esta investigación surge tras declaraciones que cuestionan la transparencia en las contrataciones.

El Gobierno de España ha aprobado un presupuesto histórico de 1.343 millones de euros para la contratación de talento y el desarrollo de proyectos de investigación y transferencia de conocimiento, lo que representa un aumento del 40% respecto a años anteriores. La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, destacó la importancia de esta inversión para abordar desafíos como el cáncer y el cambio climático. Las convocatorias incluyen financiación para proyectos de investigación básica y aplicada, así como ayudas para atraer y retener talento en el ámbito científico. Esta iniciativa es parte del compromiso del Gobierno por fortalecer la ciencia en el país y fomentar la innovación. Para más información, visita el enlace.

El jefe de la policía de West Yorkshire en el Reino Unido ha sido criticado por su declaración sobre discriminar a candidatos blancos en favor de contratar más oficiales de minorías étnicas. Según un informe del Telegraph, la fuerza policial ya había bloqueado la contratación de candidatos blancos y está implementando capacitación sobre el comercio de esclavos como parte de sus esfuerzos para convertirse en una organización "antirracista". Este enfoque ha generado preocupaciones sobre la discriminación positiva, considerada ilegal en el Reino Unido, y ha sido calificado como "racista" por algunos políticos. La política busca abordar la disparidad entre el 9% de oficiales de antecedentes minoritarios y el 23% de representación de estas comunidades en la población local.