La asociación activista Sindicato de Inquilinas, que ha estado organizando protestas en Madrid, anunció durante el debate en el Congreso su decisión de abandonar la protesta con tiendas de campaña en el centro de la capital. La organización expresó su intención de llevar la lucha a todos los barrios y comunidades de Madrid, donde se registran aumentos en los alquileres, desalojos y abusos a diario, buscando convertir la energía acumulada en una organización permanente.
Los manifestantes también están exigiendo una huelga general en respuesta a la crisis habitacional.
Ante el creciente descontento social, el gobierno de coalición de izquierda apresuró la redacción de dos decretos-ley con el fin de calmar las protestas. El primer decreto contempla la suspensión de desalojos para inquilinos vulnerables hasta 2030, una extensión de dos años para los contratos de alquiler que expiran antes de 2028, aumentos impositivos para apartamentos turísticos y restricciones a la compra de propiedades residenciales por parte de lo que el gobierno denomina «fondos buitre».
Controversia y oposición
El segundo decreto generó más controversia al incluir la renovación automática de contratos de alquiler, una demanda significativa para muchos sectores de izquierda y para el Sindicato de Inquilinas.
Sin embargo, tanto el Partido Popular (PP) como Vox, partido de extrema derecha, ya habían anunciado su intención de votar en contra de ambas iniciativas. Esto dejó al gobierno minoritario dependiendo del apoyo de pequeños partidos nacionalistas en Cataluña y el País Vasco. Sin embargo, justo antes de la sesión parlamentaria, el partido independentista catalán JxCat manifestó su oposición a ambas leyes, lo que condenó las propuestas al fracaso.
El debate del viernes fue intenso y en ocasiones acalorado, con enfrentamientos entre partidarios y opositores a los decretos dentro del Congreso. El presidente Sánchez hizo un llamado a los legisladores: «No les pido, les ruego que sean valientes y coherentes», justo antes de las votaciones. «Porque no son solo medidas ambiciosas, son necesarias». Apeló a poner orden y humanidad en el mercado inmobiliario: «Si no lo hacemos, nuestra sociedad se vendrá abajo».
Argumentos cruzados
Pablo Bustinduy, ministro de Asuntos Sociales por parte del partido Sumar, socio menor en la coalición gobernante, presentó el debate con un tono dramático. Afirmó: «Hoy se trata de defender una oligarquía internacional que está extrayendo rentas del trabajo duro del pueblo español para repartirlas como dividendos sin siquiera pagar impuestos aquí».
Bustinduy advirtió que votar en contra significaría defender los intereses de esta oligarquía y dar la espalda al pueblo. Por otro lado, Miriam Nogueras, representante de JxCat, criticó los decretos por ser apresurados y carentes del rigor necesario. Aseguró que estas medidas permitirían a los fondos buitres continuar comprando y especulando, lo que podría provocar efectos contrarios a los deseados.
Desde la derecha política se argumenta que las intervenciones del gobierno podrían asustar a los propietarios e impedirles alquilar sus propiedades, lo que resultaría en un aumento aún mayor en los precios. Juan Bravo del PP comentó: «La vivienda no se abarata con decretos; se abaratada con más casas».
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