El gobierno socialista de Pedro Sánchez ha hecho un llamado a la calma, al mismo tiempo que ha acusado al Partido Popular (PP) de Vivas y a Vox, de extrema derecha, de avivar las tensiones en Ceuta. La situación se ha intensificado tras los comentarios de José María Figaredo, un miembro del Congreso por Vox, quien está siendo investigado por un posible delito de odio después de declarar que los migrantes deberían ser «cazados uno a uno».
El Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, expresó ante un comité del Congreso que «hemos escuchado en estas semanas retóricas y comentarios que contribuyen a la estigmatización de los inmigrantes y alimentan la división social en un momento en el que lo que necesitamos es responsabilidad y liderazgo».
Reacciones políticas y declaraciones
Javier Celaya, representante del PP en el Congreso por Ceuta, acusó al gobierno de tratar a «los invasores como víctimas cuando las verdaderas víctimas somos nosotros, los habitantes de Ceuta». En un esfuerzo conjunto, todos los partidos en la asamblea local firmaron una declaración condenando la violencia ocurrida recientemente.
A inicios de esta semana, el gobierno tomó control centralizado de la gestión de la crisis migratoria, ignorando la autoridad local tras recibir críticas por su lenta respuesta. La Ministra de Defensa, Margarita Robles, también se disculpó con quienes en Ceuta «pueden haber sentido o incluso aún sientan abandono o falta de atención», mientras el gobierno presentaba planes para reformar las leyes de inmigración del país.
Controversias sobre el manejo de migrantes
Gran parte del descontento reciente en la ciudad parece estar impulsado por los planes gubernamentales para trasladar a los migrantes a edificios públicos existentes, como centros deportivos. Esta medida busca procesar su estatus legal y devolver a aquellos no elegibles para asilo a Marruecos. Sin embargo, muchos residentes locales y Vivas se oponen a esta iniciativa debido a preocupaciones sobre la proximidad de los migrantes a áreas residenciales.
Además, el gobierno enfrenta interrogantes sobre quién estuvo detrás del cruce masivo de migrantes. Políticos tanto de la derecha como de la extrema izquierda han acusado a Marruecos de estar involucrado, señalando su supuesta utilización de la frontera con España en el pasado para ejercer presión política. Por otro lado, Sánchez y su Partido Socialista culpan a los traficantes de personas, insistiendo en que Rabat es un socio confiable que facilitó el regreso inmediato de la mayoría de los recién llegados.
Soberanía y relaciones con Marruecos
No obstante, esta crisis ha puesto bajo el escrutinio la soberanía tanto de Ceuta como de Melilla. Marruecos ha mantenido una reclamación histórica sobre estos territorios, reiterándola en las últimas semanas. El Ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, rechazó rotundamente tales afirmaciones por parte del país vecino. «No hablo ni he hablado ni vamos a hablar sobre la integridad territorial de España con Marruecos ni con nadie», afirmó durante su intervención ante el comité del Congreso.