Reforma de la Ley de Extranjería permitirá rechazar inmigrantes irregulares en frontera marítima

Durante su intervención en Palma de Mallorca, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del Partido Popular ha anunciado una propuesta para reformar la Ley Orgánica de Extranjería. Este cambio busca otorgar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado el respaldo necesario para rechazar en frontera a inmigrantes irregulares que intenten ingresar por vía marítima, asegurando que se realice “con toda la legalidad y con todas las garantías”. Esta iniciativa surge tras una reciente sentencia del Tribunal Supremo relacionada con el rechazo en frontera en Ceuta y Melilla.

La sentencia del Tribunal Supremo validó el rechazo en frontera cuando se lleva a cabo en un “elemento físico de contención”, como es la valla. Sin embargo, la vicesecretaria destacó que actualmente la presión migratoria en Ceuta y Melilla proviene principalmente del mar, lo que hace necesaria esta reforma.

Nueva iniciativa respaldada por la Abogacía del Estado

Ezcurra subrayó que esta propuesta cuenta con el apoyo de la Abogacía del Estado y expresó su deseo de que todos los partidos representados en las Cámaras apoyen la reforma. Además, hizo hincapié en el alarmante aumento de la inmigración irregular en Baleares, donde el año pasado 7.500 personas ingresaron de manera irregular, comparado con solo 700 en 2018, lo que representa un incremento significativo.

“La mayor parte de las rutas de inmigración irregular en Europa están disminuyendo, pero la ruta balear, conocida como ruta argelina, está aumentando”, advirtió Ezcurra. En este contexto, enfatizó que “cualquier país que se quiera tomar en serio a sí mismo tiene que proteger sus fronteras”, criticando al presidente del Gobierno por buscar soluciones fuera del país mientras ignora los problemas internos relacionados con la inmigración irregular.

Problemas derivados de la inmigración irregular

La vicesecretaria también denunció lo que considera un “repliegue del Estado” en Baleares, señalando las crecientes dificultades para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otros empleados públicos. “Si no protegemos a las personas que nos protegen, ¿qué estamos haciendo con nosotros mismos?”, cuestionó.

Añadió que el crecimiento descontrolado de la inmigración irregular genera problemas de seguridad, vivienda y servicios públicos: “Cuando la inmigración irregular lo arrasa todo, hay problemas en muchos ámbitos”. Asimismo, criticó la gestión pública actual, calificándola como “muy mal organizada”.

Cifras preocupantes sobre regularización

Ezcurra también se refirió al desbordamiento provocado por la regularización masiva aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Las previsiones iniciales apuntaban a unas 10.000 personas; sin embargo, ahora se estima que alcanzarán las 33.000.

Finalmente, concluyó afirmando que el problema no es únicamente económico —aunque es relevante— sino también una cuestión de voluntad política. Reivindicó que el Partido Popular tiene “una voluntad clara de afrontar el problema de la inmigración irregular”, alineándose con los esfuerzos europeos y atendiendo específicamente a los desafíos presentes en Baleares relacionados con las llegadas por mar.

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