En la sesión de control al Gobierno en el Congreso
El diputado del GPP, Guillermo Mariscal, ha lanzado una dura advertencia a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen. Según Mariscal, la gestión actual del Gobierno “destruye empleos, compromete la economía y el bienestar y aleja la industria de España”. Calificó su actuación como un “fracaso rotundo” a diez meses del gran apagón ocurrido el 28 de abril de 2025.
Durante su intervención, Mariscal criticó que el Ejecutivo no haya proporcionado información clara sobre lo sucedido durante el apagón, sugiriendo que se ha escondido tras informes confusos para que los ciudadanos olviden el incidente. Cuestionó las afirmaciones del Gobierno sobre la solidez del sistema eléctrico, señalando que si todo estaba bien, no se habría modificado el mix eléctrico ni se habría priorizado tanto la energía nuclear.
Críticas a la política energética
Mariscal destacó varios puntos preocupantes: mencionó un sobrecoste de más de 1.100 millones en las facturas de los consumidores debido al mayor uso del gas tras el apagón, así como el desperdicio de energía renovable y la reciente aprobación de compensadores síncronos para controlar la tensión en la red. “Todos esos cambios son un reconocimiento explícito de que han convertido en frágil un sistema que era robusto”, afirmó.
El diputado también hizo hincapié en que si la planta nuclear de Almaraz hubiera estado operando a plena capacidad durante el apagón y si el Gobierno no hubiera actuado “contra las Leyes de la Física” ni sucumbido al “fanatismo climático y energético” promovido por la ministra Ribera, el apagón podría haberse evitado.
Consecuencias en infraestructuras
Finalmente, Mariscal insistió en calificar como un fracaso tanto la política energética como hídrica del Gobierno. Como ejemplo, citó que hay 350.000 viviendas sin posibilidad de entrega por falta de conexión a la red eléctrica. Además, mencionó que en Castilla y León se han descartado o paralizado recientemente diversos proyectos de infraestructuras hidráulicas bajo la administración del Ejecutivo de Sánchez.
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