Quebec

La negociadora canadiense, Christine Fréchette, ha declarado que aún queda trabajo por hacer en las negociaciones comerciales con Estados Unidos, especialmente en relación con el impacto de un acuerdo en la industria láctea de Quebec. Mientras algunos premiers están dispuestos a restaurar las ventas de alcohol de EE. UU., otros, como el alcalde de Sault Ste. Marie, expresan preocupaciones sobre los aranceles del 25% que afectarían al sector del acero. Se estima que Canadá podría perder 90,000 empleos si se implementan nuevos aranceles amenazados por Trump. La presión para alcanzar un acuerdo es alta, ya que una mayoría de canadienses prefiere una postura firme frente a concesiones significativas.

La provincia canadiense de Quebec ha aprobado una nueva ley que permite a los residentes dar su consentimiento para la muerte asistida con meses o incluso años de antelación, marcando un avance significativo en la legislación sobre este tema. Desde la legalización de la asistencia médica para morir (MAID) en 2016, el número de procedimientos ha aumentado drásticamente, alcanzando el 4,7% de las muertes en 2023. Quebec lidera en adopción de esta práctica, con un 7,2% de muertes asistidas en relación a su población. A pesar del apoyo popular, hay preocupaciones sobre el acceso a cuidados paliativos y el impacto del sistema de salud en las decisiones de los pacientes. El gobierno federal ha decidido posponer hasta 2027 la consideración de permitir que personas con enfermedades mentales soliciten MAID.

El gobierno de Quebec, liderado por el Premier Francois Legault, ha aprobado nuevas leyes de secularismo que restringen la oración pública y limitan la oferta exclusiva de menús religiosos en instituciones públicas. Estas medidas forman parte de un proyecto de ley conocido como "secularismo 2.0", que amplía una ley de símbolos religiosos de 2019. La legislación prohíbe a funcionarios públicos portar símbolos religiosos y exige que los servicios públicos se brinden con el rostro descubierto. La decisión ha generado críticas de opositores políticos y organizaciones musulmanas, quienes argumentan que estas leyes fomentan divisiones en la sociedad. La Corte Suprema de Canadá revisará un desafío legal contra la ley original el próximo año.