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La vicesecretaria de Sanidad y Política Social, Fúnez, ha exigido la dimisión del ministro del Interior, Marlaska, argumentando que su baremo moral no se alinea con la ética de los españoles. En declaraciones en Valencia, Fúnez cuestionó la incompetencia de Marlaska por no conocer situaciones graves en su ministerio, como una presunta violación relacionada con un ex alto cargo. Criticó también las políticas del Gobierno sobre inmigración y la corrupción, destacando el caso de un colaborador cercano a Sánchez. Además, expresó preocupación por la crisis en los servicios públicos y la falta de atención a enfermedades neurodegenerativas. Fúnez mostró solidaridad con los médicos en huelga y condenó la violencia machista, subrayando la necesidad de que el Gobierno aborde estos temas con seriedad.

Carmen Fúnez, vicesecretaria de Sanidad y Política Social, ha denunciado en el Congreso la "incoherencia" de Mónica García, acusándola de ser responsable de la mayor conflictividad sanitaria en España en décadas. Fúnez critica la falta de diálogo y la mala gestión de García, señalando que su administración ha estado marcada por huelgas y manifestaciones. Además, cuestiona la privatización del servicio de psiquiatría en Ceuta, contradiciendo sus promesas de luchar contra las privatizaciones. La vicesecretaria también destaca el caos en los exámenes para la Formación Sanitaria Especializada, lo que ha desmoralizado a los médicos.

El Partido Popular (PP), representado por su vicesecretaria de Sanidad, Carmen Fúnez, se reunió con la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) para abordar las reivindicaciones de los médicos en el contexto de las huelgas anunciadas contra el Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad. Fúnez criticó la exclusión de los médicos en las negociaciones y responsabilizó al Gobierno por la falta de diálogo, lo que ha llevado a conflictos y afectado a miles de pacientes. El PP aboga por mejoras en la incorporación de profesionales sanitarios y sostiene que los médicos son fundamentales para el Sistema Nacional de Salud.

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social de España, ha instado a sus colegas de la Unión Europea a promover la democracia en el trabajo durante el Consejo informal de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores (EPSCO) en Varsovia. Díaz enfatizó la importancia de la participación activa de los trabajadores en las decisiones empresariales para asegurar una transición justa en un entorno laboral cada vez más influenciado por la inteligencia artificial. Además, destacó que el diálogo social es fundamental para proteger los derechos laborales frente a los desafíos digitales. La ministra también se reunió con su homóloga austriaca para discutir temas laborales conjuntos. Para más información, visita el enlace.

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social de España, ha solicitado en Bruselas la creación de una directiva europea que regule el derecho a la desconexión laboral. Durante la reunión del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores de la UE, Díaz destacó la necesidad de proteger a los trabajadores frente a la cultura de hiperdisponibilidad que afecta su salud mental y su equilibrio entre vida laboral y personal. La ministra argumentó que sin una regulación adecuada, el derecho a desconectar se convierte en un privilegio. Además, enfatizó que garantizar derechos laborales es esencial para una Europa más fuerte y productiva. Esta iniciativa se enmarca dentro del Marco de Convergencia Social europeo, promovido por España y Bélgica para mejorar las condiciones laborales en la UE.

El Partido Popular (PP) ha criticado al Gobierno por el "caos" en los servicios públicos, afirmando que España enfrenta una emergencia nacional. Carmen Fúnez, vicesecretaria de Sanidad y Política Social, destacó la corrupción que afecta al Ejecutivo y su impacto negativo en infraestructuras como el sistema ferroviario y la red de carreteras. El PP exigió un plan de mantenimiento urgente para estas infraestructuras y anunció interpelaciones al ministro de Transportes sobre la situación actual. Además, Fúnez vinculó los problemas de vivienda con la corrupción del Gobierno y propuso un ambicioso plan para construir un millón de viviendas durante la próxima legislatura. También se mostró solidaria con los pacientes afectados por huelgas en el sector sanitario, responsabilizando al Gobierno por su gestión.

Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, criticó al Gobierno durante su visita a la empresa Fribin en Binéfar, Huesca. Acusó al Ejecutivo de "expropiar el derecho de los arrendadores a cobrar su renta" y de culpar a los ciudadanos por la falta de políticas sociales adecuadas. Feijóo destacó que la responsabilidad de la situación de las familias vulnerables recae en el Gobierno y no en los ciudadanos. También cuestionó las afirmaciones de Sumar sobre la inexistencia de ocupaciones ilegales, señalando que miles de propietarios sufren esta problemática. Abogó por un cambio en el Gobierno para mejorar la situación social y económica en Aragón y España, enfatizando la necesidad de un liderazgo fuerte y estable.

Carmen Fúnez, vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, ha convocado al 'equipo social' del partido en su sede nacional para compartir buenas prácticas en políticas sociales. Durante el encuentro, defendió el liderazgo del PP en este ámbito, destacando su presencia en más de 3.200 ayuntamientos y la importancia de poner a las personas en el centro de la acción política. Fúnez criticó las políticas de la izquierda que perpetúan la dependencia y abogó por defender la dignidad y responsabilidad individual, especialmente para las clases medias afectadas por la crisis del bienestar bajo el gobierno actual.

El Ministerio de Juventud e Infancia y el Gobierno de Canarias han dado un paso significativo en la acogida puntual de niños y niñas en situación de desamparo. La ministra Sira Rego y el presidente Fernando Clavijo han subrayado la necesidad de que todos los territorios colaboren de manera solidaria para garantizar los derechos de la infancia. Los criterios acordados, basados en factores como renta per cápita y esfuerzo previo en acogida, buscan ofrecer una solución urgente a los menores en Canarias y Ceuta. Este avance se alinea con los planes establecidos en las Conferencias Sectoriales desde 2022. Para más información, visita el enlace.