plus ultra

El Partido Popular (PP) ha denunciado la actitud "desafiante y chulesca" de Manuel Aarón Fajardo, considerado una figura clave del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela. Durante su comparecencia en la Comisión de Investigación de la SEPI, Fajardo se negó a responder más de 220 preguntas del senador Antonio Luengo, lo que ha sido interpretado como una falta de respeto hacia el Senado y los ciudadanos. Luengo subrayó que Fajardo está vinculado a una presunta organización criminal relacionada con el rescate financiero de Plus Ultra, donde se destinaron 53 millones de euros públicos. El senador instó a Fajardo a aclarar su relación con Zapatero y otros implicados en este caso, advirtiendo que su silencio podría interpretarse como complicidad.

José Vicente Marí Bosó, portavoz adjunto del GPP en el Congreso, exige una revisión del rescate de Plus Ultra y cuestiona quiénes son los implicados en la corrupción de "nivel zafiro". Durante el pleno, criticó que la compañía no cumplía con los requisitos para recibir 53 millones de euros, a pesar de sus problemas financieros y deudas con la Seguridad Social. Acusó al Gobierno de estar plagado de corrupción y de favorecer a poderosos, mientras denuncia el fracaso en la política migratoria. Marí Bosó concluyó instando al Ejecutivo a asumir responsabilidades y dejar el poder.

Carmen Fúnez, vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, ha declarado en Vila-real que su partido no se quedará inactivo ante el caso de José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por un rescate de 56 millones de euros a Plus Ultra. Fúnez ha solicitado a la Comisión Europea que se lleve a cabo una investigación sobre este asunto y ha anunciado la ampliación de comparecientes en la Comisión de Investigación del Senado. Critica la implicación de Zapatero en un presunto tráfico de influencias durante su mandato y cuestiona la gestión del actual Gobierno con los recursos públicos. Además, exige soluciones para la huelga médica que afecta a España desde hace diez meses.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha expresado su apoyo al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero tras su imputación por tráfico de influencias en relación con la concesión de una ayuda estatal a la aerolínea Plus Ultra. Durante la sesión de control en el Congreso, Sánchez defendió la gestión de Zapatero y enfatizó la importancia de colaborar con la Justicia y respetar la presunción de inocencia. Esta situación marca un hito en la política española, siendo la primera vez que un expresidente es citado como imputado desde la llegada de la democracia.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Salvador de Foronda, ha denunciado en la Comisión de Investigación de la SEPI graves irregularidades en el rescate de Plus Ultra. Durante su intervención, destacó que el auditor de cuentas de la aerolínea, Jesús Ángel Carbajo, no recibió informes externos cruciales que podrían haber impedido el rescate. De Foronda subrayó que la corrupción puede manifestarse a través de avales y rescates en lugar de sobres. Además, criticó la falta de transparencia en la gestión financiera de Plus Ultra, revelando que los fondos del rescate no se destinaron adecuadamente y que la empresa ya enfrentaba una crisis antes de recibir apoyo público. La situación plantea serias dudas sobre la legitimidad del rescate y su uso por parte de estructuras opacas.

El Partido Popular (PP) ha denunciado que la corrupción afecta al presidente Pedro Sánchez, al PSOE y al Gobierno, citando el caso Koldo-Ábalos como ejemplo. En una sesión de la Comisión de Investigación, Alejo Miranda de Larra afirmó que José Luis Rodríguez Zapatero es el primer expresidente imputado por corrupción en democracia. La investigación ha revelado 15 tramas de corrupción vinculadas al PSOE, con más de 100 comparecientes en 115 sesiones. Miranda criticó los intentos del PSOE por obstruir la investigación y reafirmó el compromiso del PP de combatir la corrupción y buscar la verdad sobre el uso del dinero público.

Pedro Muñoz Abrines, portavoz adjunto del GPP, ha criticado al Gobierno y al PSOE durante una interpelación en el Pleno, señalando que la corrupción que les rodea abarca 19 tipos de delitos distintos, lo que representa casi el catálogo completo del Código Penal. Abrines calificó la situación del Ejecutivo como "insostenible" debido a la falta de Presupuestos y a un entramado de corrupción que afecta a altos dirigentes socialistas. Además, cuestionó las explicaciones sobre las joyas atribuidas a José Luis Rodríguez Zapatero y acusó al Gobierno de haber protegido a figuras implicadas en investigaciones por organización criminal y tráfico de influencias. También instó al Ejecutivo a presentar una cuestión de confianza o adelantar elecciones ante la inacción en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

El Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha acusado al presidente Pedro Sánchez de convertir la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en un "cortijo" para su corrupción. En una sesión de la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, el portavoz adjunto José Vicente Marí Bosó afirmó que la SEPI ha sido utilizada por el PSOE como un instrumento de corrupción, señalando a su presidenta, Belén Gualda, como cómplice. Criticó el intervencionismo y el clientelismo del Gobierno socialista, mencionando investigaciones judiciales sobre operaciones polémicas como Plus Ultra y Air Europa. Además, se cuestionaron las recientes decisiones en Indra y se acusó a Manuel de la Rocha de manipular información para evitar rendir cuentas sobre estas cuestiones.

Ester Muñoz, portavoz del GPP en el Congreso, critica la imagen pública de José Luis Rodríguez Zapatero, a quien describe como un "zorro" en lugar del "Bambi" que se presentó ante los españoles. Durante una rueda de prensa, Muñoz cuestionó la relación de Zapatero con el actual gobierno de Pedro Sánchez y denunció que parte del dinero adjudicado por el Consejo de Ministros a empresas extranjeras terminó en manos de Zapatero y su familia. Además, afirmó que la influencia de los negocios de Zapatero ha afectado la política exterior española. Muñoz también criticó la falta de atención del gobierno hacia temas como vivienda y servicios públicos, centrándose en cambio en la corrupción.

Dolors Montserrat, vicepresidenta del Grupo del Partido Popular Europeo, ha solicitado a la Comisión Europea que investigue el rescate de 53 millones de euros otorgado a la aerolínea Plus Ultra. Esta demanda surge tras la imputación del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos relacionados con corrupción y tráfico de influencias. Montserrat enfatiza que es esencial garantizar que los mecanismos de apoyo durante la pandemia no beneficien a individuos vinculados a redes de influencia política. Además, ha señalado la gravedad del caso debido a su dimensión internacional y ha pedido claridad sobre el uso de fondos europeos en este contexto. La situación plantea preocupaciones sobre la transparencia y el control en la concesión de ayudas públicas en Europa.

César Sánchez, diputado del GPP por Alicante, critica al Gobierno por su tardanza y deficiente respuesta ante la DANA de 2024, señalando que ha priorizado rescates a aerolíneas sobre el apoyo a los valencianos afectados. En el Pleno del Congreso, denuncia que las ayudas al empleo en las zonas devastadas son insuficientes en comparación con los fondos destinados a rescates polémicos. Además, cuestiona la falta de transparencia en la gestión de las ayudas y exige un nuevo modelo de financiación para la Comunidad Valenciana, que considera la peor financiada de España. Reitera su compromiso con los afectados y califica el decreto actual como inadecuado para la reconstrucción.

Sergio Sayas, portavoz adjunto del GPP en el Congreso, denuncia el "secuestro legislativo" de la Ley Antiokupación, que lleva más de 24 meses bloqueada por la presidenta Francina Armengol. Asegura que el Gobierno ha impedido su votación para evitar una derrota parlamentaria, mientras la okupación ilegal crece exponencialmente, afectando a más de 100.000 viviendas en España. Sayas propone medidas como el desalojo en 24 horas de okupas y endurecimiento de penas. También critica al Ejecutivo por blanquear la okupación y reclama elecciones anticipadas debido a la corrupción en el Gobierno.

Gerardo Camps, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, denuncia que María Jesús Montero, exministra de Hacienda, admitió no haber leído los expedientes antes de aprobar los rescates de Plus Ultra y Air Europa. En la Comisión de Investigación de la SEPI, Camps cuestiona qué información tenía Montero y qué pudo haber ocultado. Resalta su falta de conocimiento sobre documentos clave mientras mantenía reuniones regulares con el presidente de la SEPI. Además, critica su intento de eludir responsabilidades políticas y señala posibles irregularidades en los nombramientos dentro de la SEPI. Camps sostiene que es esencial asumir la responsabilidad política en lugar de eludirla.