A juicio de Izquierda Unida, la propuesta del Ejecutivo europeo "elimina la idea de solidaridad europea convirtiéndola en solidaridad a la carta". No obligará, por tanto, a los Estados a aceptar cupos de personas migrantes y refugiadas, sino que propone que "el que no quiera acoger se haga cargo de las expulsiones". Los procesos para decidir una petición de asilo se reducen en frontera a cinco días, "poniendo en riesgo los compromisos internacionales de la UE en esta materia".
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