El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha anulado parcialmente un decreto de la Xunta que regulaba las Entidades de Colaboración Ambiental (ECA), argumentando que implica una privatización de los procedimientos de evaluación ambiental. La sentencia destaca que la externalización de estas funciones a empresas privadas carece de control público, lo que podría llevar a decisiones administrativas sin el debido contraste. Aunque se considera válida una parte del decreto relacionada con funciones auxiliares, el TSXG advierte sobre la inaceptabilidad de transferir competencias administrativas a entidades privadas. Esta decisión no es firme y puede ser objeto de recurso ante el Tribunal Supremo. Para más detalles, visita el enlace.
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