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El Corporate Transparency Act (CTA) es una ley que, aunque se presenta como una herramienta para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, ha sido criticada por ser un esquema de vigilancia masiva que afecta a más de 32 millones de pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro en Estados Unidos. Esta legislación obliga a estas entidades a revelar información personal sensible al FinCEN, un organismo con antecedentes de incompetencia y brechas de seguridad. Las sanciones por incumplimiento son severas, incluyendo multas de hasta $10,000 y penas de prisión de hasta dos años. Mientras tanto, las grandes instituciones financieras quedan exentas, lo que plantea preocupaciones sobre la equidad y el verdadero objetivo del CTA. La ley ha sido considerada inconstitucional por algunos tribunales, pero su aplicación continúa. Los opositores instan a la derogación completa del CTA para evitar un estado de vigilancia digital que amenace la libertad empresarial y civil.