El administrador de la emisora afirmó a los empleados que no debían preocuparse y que se comunicarán con Albert Castillón. Según De la Rúa, Castillón presuntamente tenía intenciones de dirigir el conjunto de radios bajo el respaldo de un reconocido empresario.
Según fuentes cercanas a la secretaría de Estado para las Telecomunicaciones, los expedientes sancionadores podrían acaparar multas de 2.000.000 de euros por cada poste ilegal.
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