Cuando todo parecía dormido (y perdido)

Una plaza convertida en asamblea ciudadana como el 15M de 2011. La indignación social ante el drama de Maricarmen ha vuelto a despertar la protesta y la exigencia de un cambio urgente en las políticas de vivienda. Un nuevo punto de inflexión que ha pasado del “no nos representan” al “no nos vamos, nos quedamos”. Y es que el drama de la vivienda venía acumulando una presión social que ha saltado por los aires sin intención de parar hasta que no cambie la realidad, más allá de los Decretos aprobados por el Consejo de Ministras y rechazados por PP, Vox y Junts en el Congreso de los Diputados.

Los españoles hemos demostrado una paciencia enorme en los últimos años.  Con una crisis financiera en 2008 que rescató bancos y recortó derechos. Con reformas laborales que prometían empleo y provocaron precariedad. Con los desahucios por impago de hipotecas, primero, y con los alquileres de vivienda, después, que devoran los salarios, mientras la promesa capitalista insiste en que el mercado lo acabará arreglando todo.

Esa paciencia, lejos de ser conformismo, va acompañada de la confianza en un sistema democrático que acabará detectando los fallos y el malestar ciudadano por los cauces habituales del voto, la negociación, el Gobierno y el Parlamento. Pero cuando se pierde la confianza, se agota la paciencia. Solo es necesaria una chispa de injusticia, como la que ha vivido Mariacarmen (después de otras muchas), para que prenda la llama de la solidaridad y, de nuevo, la indignación. Sin cálculo ni gradualidad posible, de repente. Ahí es donde se pasa de la aparente resignación a la plaza y su acampada. Una demostración de poder popular que es a la vez final de la espera e inicio de un nuevo tiempo.

En mayo de 2011, con el paro por encima del 20% y cerca de la mitad de los jóvenes sin empleo, una manifestación convocada por Democracia Real Ya concluyó con una acampada en la Puerta del Sol de Madrid. Faltaban pocos días para las elecciones autonómicas y municipales del 22 de mayo y la movilización ciudadana cambió radicalmente la agenda de campaña de todos los partidos políticos. “No nos representan” y “lo llaman democracia y no lo es” eran las frases que señalaban el diagnóstico de situación de una democracia que había dejado de prestar atención a la realidad de miles de personas, principalmente jóvenes, que sentían que el sistema había dejado de aportarles confianza.

Se dijo entonces que aquello no serviría para nada, y así pareció en un principio porque en noviembre de ese año el PP obtuvo mayoría absoluta en las Elecciones Generales. Pero el 15M no se medía en votos o escaños, sino en lo que hizo despertar en la sociedad española. Se cuestionó la legitimidad de la representación; se denunció la corrupción y se identificó la desigualdad; alimentó las mareas ciudadanas por los derechos públicos a la educación, la sanidad y las pensiones dignas, con años de movilizaciones que culminaron en las “Marchas por la Dignidad” de 2014; multiplicó el alcance de la lucha contra los desahucios que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca venía librando desde 2009; y abrió el camino a la irrupción de nuevas fuerzas políticas en 2014 y 2015 que acabaron con el bipartidismo, y cambiaron la representación en los ayuntamientos del cambio. Las acampadas del 15M no ganaron las elecciones de 2011, pero cambiaron la realidad democrática conocida hasta ese momento.

La política institucional vive de plazos que en muchas ocasiones no se comprenden, mientras la realidad de la vida de la gente transita a otro ritmo. La acampada como movilización ciudadana de carácter permanente, con un inicio pero un final incierto, capaz de marcar un ritmo a la exigencia concreta sobre un problema como el de la vivienda, supone una prueba para los partidos y para el Gobierno. Una acampada lo puede cambiar todo, puede romper el statu quo de la política institucionalizada.

Que el Gobierno de España haya tenido que pactar, acordar y aprobar unos Decretos sobre vivienda a partir del desahucio de Maricarmen, y que sean propuestos a convalidación en el Parlamento en un tiempo récord, demuestra hasta qué punto la movilización ciudadana, y una supuesta generación dormida de jóvenes, ha vuelto a marcar el ritmo cambiando la agenda política, pero no sólo.

El impacto social de un desahucio como el de Maricarmen, emitido en directo, acompañado por el Sindicato de Inquilinas, y que ha provocado la indignación de todo un país, ha provocado también que el poder económico insaciable que pretendía echar de su casa a una mujer de 87 años, haya tenido que claudicar y aceptar el regreso de Maricarmen a su hogar. El poder económico, además de insaciable y miserable, es cobarde.

Las acampadas como acción permanente de protesta colectiva y organizada, con visualización continua en un espacio físico comunitario, convierte en público lo que se vivía como drama privado. Tanto ahora como en el 15M,  los desahucios, los alquileres abusivos que se comen el salario, o la imposibilidad de emanciparse, dejan de ser desgracias individuales y se revelan como consecuencias de (in)decisiones políticas, que obliga a todos los actores a retratarse.

Hay diferencias importantes con 2011. Entonces la indignación era difusa y se dirigía contra “los políticos” en abstracto. Hoy llega con una década de organización acumulada, con Sindicatos de Inquilinas y con reivindicaciones concretas como la prórroga automática de los alquileres, contratos estables y ningún desahucio sin alternativa habitacional.

La otra diferencia es que en el 15M la extrema derecha no contaba con la presencia y representación con la que cuenta ahora, lo que provocó que la canalización del descontento, en el medio plazo, llevara a la conformación de gobiernos de progreso. Hoy, aunque los neofascistas llevan tiempo intentando capitalizar el descontento social desviando la atención hacia la inmigración y, especialmente, en los últimos meses hacia la crisis de Ceuta; lo cierto es que el desahucio de Maricarmen y sus consecuencias han dejado noqueado el relato xenófovo y racista de Vox y del PP.

La crisis de la vivienda tiene un carácter transversal e intergeneracional, no entiende de ideologías políticas, sino de condiciones materiales y de dignidad, y ésto afecta también a mucha gente que vota a la derecha y a la extrema derecha, que no encuentran respuestas ni soluciones a su situación en los programas de sus partidos de referencia.

Los decretos sobre la vivienda aprobados por el Consejo de Ministros y rechazados por el Parlamento gracias a los votos en contra de PP, Vox y Junts, deja clara la verdadera intención de las derechas y la extrema derecha ante el mayor problema que sufre la sociedad española en estos momentos, situarse del lado de los especuladores en lugar del lado de las personas, sus derechos y sus preocupaciones vitales. Las derechas han dejado al descubierto su crueldad reiterada contra la gente más vulnerable. Han dejado claro que están del lado de los poderosos, del lado del capital, y no del lado de la gente y de la clase trabajadora.

El objetivo de los decretos no era solucionar el problema de raíz y de fondo. Es necesario hacer muchas más cosas para garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna para que su precio no ahogue a la gente por culpa de los especuladores. Sin embargo, los decretos de vivienda sí son un punto de partida, consecuencia de la movilización social, para iniciar un cambio de modelo profundo para garantizar estabilidad, seguridad y dignidad a muchas personas que sufren la amenaza de los desahucios o la imposibilidad de tener una vida tranquila frente a la amenaza constante del mercado de una súbita subida del precio de sus alquileres.

El desahucio de Maricarmen ha dado la vuelta a la política de este país. Ha roto el marco de discusión y debate que dominaba las tesis xenófobas y racistas de la extrema derecha que estaba dejando a la izquierda en el rincón del tablero. Ha dejado al descubierto lo miserables que son esos patriotas que defienden la “prioridad nacional” con el grito de toda una generación de jóvenes que se han echado a las calles por un problema intergeneracional y sin ideología, porque se trata de una cuestión de derechos, de dignidad y de condiciones materiales suficientes para la vida de la gente.

Las acampadas de hoy, como las de ayer, no las inventa la izquierda, son el resultado de la indignación y el agotamiento de la paciencia de millones de personas ante un sistema que no ha sabido dar respuesta a las demandas sociales. Y cuando se convierten en mayoría se convierten, una vez más, en la pregunta obligada a la democracia sobre a quién sirve.

El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos ha marcado un antes y un después en la realidad de España, salvando la distancia y los matices, de la misma forma que lo hizo el Movimiento de los Indignados en el 15M. De la misma forma que entonces, conviene no parar para que las cosas cambien, para que de nuevo el futuro se abra paso. Huelga general y elecciones generales, movilización y votar a la izquierda.