La próxima protesta titulada «Justice for Survivors», programada para el 5 de octubre en la Universidad de Cornell, está siendo promovida a través de volantes que se distribuyen por todo el campus. Este evento exige a la institución que tome medidas contra lo que se considera una cultura de violación.
Los organizadores estudiantiles están pidiendo la expulsión y revocación de los títulos de los presuntos perpetradores, así como la reescritura de las políticas relacionadas con las sanciones por agresión sexual. También exigen una investigación externa sobre la universidad y capacitación obligatoria para la policía del campus en prevención.
Reacciones y sentimientos en el campus
Cornell, en su informe sobre investigaciones anteriores del caso, indicó que «al concluir, el panel de audiencias emitió una serie de sanciones, que incluyeron expulsiones y suspensiones». Sin embargo, la universidad ha señalado que está legalmente impedida de divulgar públicamente los resultados disciplinarios específicos sobre los estudiantes involucrados, reconociendo que «esta limitación legal puede resultar frustrante».
El caso ha generado un clima de indignación entre los estudiantes. Una alumna de cuarto año recordó lo difícil que fue vivir en el campus en 2024, tras el incidente, mientras circulaban rumores sobre Jane Doe.
Un ambiente sombrío
Ahora, dos años después, compartió su sensación de estar «abrumada» y «decepcionada», comparando la atmósfera del campus con una «nube oscura». Según ella, Cornell ha manejado mal la situación.
La estudiante demanda a la administración que reconozca lo que considera errores cometidos, expresando que la falta de transparencia es desalentadora. Además, cuestionó por qué varios hombres en un grupo de chat del Chi Phi –la fraternidad implicada en las acusaciones– no intervinieron.
Es importante señalar que una capítulo de esta fraternidad fue cerrado en 2024 y permanece prohibido en el campus.
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