El Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha denunciado que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, dirigido por Diana Morant, está marcado por el "bloqueo, el colapso y el desgobierno", con siete años de parálisis. Durante una comparecencia en la Comisión de Ciencia, las portavoces Elena Castillo y Melania Mur criticaron la falta de control y el despilfarro en instituciones como el CNIO, así como la ausencia de un compromiso financiero real del Gobierno hacia las universidades. También cuestionaron la gestión del ministerio respecto a irregularidades financieras y la precariedad de los investigadores. La denuncia subraya la necesidad de transparencia y responsabilidad política para restaurar la confianza en el sistema científico español.
El PP critica la gestión del Ministerio de Ciencia
Durante la comparecencia de Diana Morant en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades, el Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha denunciado que el actual ministerio se encuentra “marcado por el bloqueo, el colapso y el desgobierno” tras siete años de inacción. La portavoz de Ciencia del GPP, Elena Castillo, junto a la portavoz de Universidades, Melania Mur, han expresado su preocupación sobre la situación actual del ministerio.
Castillo ha criticado que bajo la dirección de Morant se ha permitido un “despilfarro, falta de control y deterioro institucional” en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO). Además, acusó al Gobierno de haber priorizado la protección de una dirección específica en vez de salvaguardar a la institución en su conjunto. “Defender la ciencia no puede significar tolerar privilegios irregulares ni renunciar a la fiscalización”, enfatizó Castillo.
La senadora recordó que durante el mandato del PP se obligó a María Blasco a devolver 50.000 euros percibidos indebidamente en 2017. Sin embargo, denunció que tras el cambio de Gobierno en 2018 se ocultaron informes del Tribunal de Cuentas que exigían otros 90.000 euros correspondientes a 2019 y 2020. Castillo cuestionó por qué estos informes no llevaron a reclamaciones inmediatas por las cantidades supuestamente percibidas de manera indebida.
Asimismo, criticó el aumento en las estructuras de comunicación y marketing dentro del CNIO mientras los investigadores continúan enfrentando precariedad laboral. “La paz institucional no se decreta. La confianza no se impone. La credibilidad no se improvisa. Se construyen con transparencia, control y responsabilidad política”, afirmó dirigiéndose a Morant.
Por su parte, Melania Mur también dirigió críticas hacia Morant, afirmando que “los consensos no se sostienen con discursos ideológicos ni grandes titulares; se sostienen con compromiso político y financiación real”. Mur subrayó que el verdadero problema radica en la falta total de compromiso financiero por parte del Gobierno español.
Denunció que la contribución estatal a las universidades es mínima y que el esfuerzo económico recae casi exclusivamente en las comunidades autónomas. “El Estado promete, la ministra se hace la foto y las comunidades autónomas son las que terminan pagando la factura”, expuso Mur.
Mur acusó tanto a Morant como al presidente Pedro Sánchez de utilizar a las universidades para dividir a la sociedad y generar un clima de confrontación entre modelos educativos complementarios: las universidades públicas centradas en investigación y las privadas enfocadas en empleabilidad.
La portavoz concluyó preguntando sobre varios temas pendientes, como el sexenio de transferencia o los más de 300 contratos predoctorales sin cubrir desde 2022, instando a Morant a dejar de convertir a las universidades en herramientas para fines partidistas. “Tome nota; ya ha visto lo que ha sucedido con Pilar Alegría y María Jesús Montero”, finalizó mirando fijamente a Diana Morant.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 50,000 | Euros que María Blasco tuvo que devolver por percibir indebidamente. |
| 90,000 | Euros reclamados por la IGAE y el Tribunal de Cuentas correspondientes a 2019 y 2020. |
| 1,500,000 | Euros en regalías cuya distribución fue anulada por la Abogacía General del Estado. |
| 300 | Número de contratos predoctorales sin cubrir desde 2022. |