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Política despoblación
27/11/2025@15:34:02
El portavoz de Reto Demográfico del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, José Manuel Hernando, critica duramente las políticas del Gobierno sobre el reto demográfico y la lucha contra la despoblación, calificándolas de "enorme estafa y bulo institucionalizado". Durante una sesión de control al Gobierno, Hernando se dirigió a la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, señalando el fracaso en la gestión de estas políticas. Destacó que el Tribunal de Cuentas ha revelado la falta de acción del Gobierno ante problemas como el envejecimiento poblacional y la población flotante que afecta a los pequeños municipios. Además, cuestionó la efectividad del 'Plan 130', que cuenta con un presupuesto de 13.000 millones, argumentando que menos del 17% se destina realmente a combatir la despoblación. La crítica se centra en la falta de evaluación del impacto real de estas medidas y en la inacción gubernamental ante una crisis demográfica creciente.
Corrupción política
El senador Alfonso Serrano, del Grupo Parlamentario Popular, ha denunciado en la Comisión de Investigación del caso Koldo-Ábalos-PSOE que se creó una asociación opaca para financiar las primarias de Pedro Sánchez sin rendir cuentas. Según Serrano, esta asociación de crowdfunding carecía de transparencia y control por parte del Tribunal de Cuentas. Además, acusó a Sánchez de ser responsable al estar vinculado a la página web de la asociación. La investigación también señala problemas relacionados con la trazabilidad de las donaciones y posibles irregularidades en el uso de recursos públicos por parte de Begoña Gómez. Para más detalles, visita el enlace.
El Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha conseguido que el Tribunal de Cuentas investigue las contrataciones irregulares de personas cercanas a José Luis Ábalos en empresas públicas. La portavoz del GPP, Pilar Alía, denuncia el uso indebido de fondos públicos y solicita un análisis exhaustivo de los contratos laborales entre 2018 y 2024 en varias entidades. Se exige una revisión detallada de los procesos de selección, así como las funciones desempeñadas por los trabajadores, para asegurar la legalidad y eficiencia en el uso de recursos públicos. Esta investigación surge tras declaraciones que cuestionan la transparencia en las contrataciones.
Así se ha podido desgranar de la primera gran decisión que ha tomado el Tribunal de Cuentas, al aceptar el aval de la Generalidad. ¿Qué tienen que decir ahora PP, PSOE y Podemos?
El Tribunal de Cuentas ve "indicios sugerentes de responsabilidad penal" en la contabilidad de la campaña electoral de Unidas Podemos para las elecciones generales del 28 de abril de 2019. Las irregularidades tendrían que ver con la facturación de Neurona Comunidad S.L.
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Gloria Alonso Ballesteros ha tomado posesión como Fiscal del Tribunal de Cuentas en un acto presidido por el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, y la Presidenta del Tribunal, Enriqueta Chicano Jávega. Con una trayectoria que incluye su especialización en jurisdicción civil y experiencia en diversas fiscalías, Alonso Ballesteros se enfocará en los procedimientos fiscalizadores y enjuiciamiento contable, fortaleciendo la colaboración entre el Tribunal y su Fiscalía. Este nombramiento representa un paso significativo en la defensa de la legalidad y eficiencia del sector público. Para más detalles, visita el enlace.
Tucumán amenaza
Un ataúd como amenaza en el Tribunal de Cuentas de Tucumán ha desatado un escándalo político. La disputa entre Miguel Terraf, presidente del Tribunal, y el diputado Carlos Cisneros se intensificó con acusaciones de corrupción y campañas difamatorias. El 19 de diciembre de 2024, cinco empleados de una empresa de recolección de residuos dejaron un ataúd frente al tribunal, lo que fue interpretado como un acto de intimidación. Este incidente forma parte de una campaña más amplia contra las autoridades del Tribunal, vinculada a la política local y a intereses gremiales. La situación ha llevado al Tribunal a presentar denuncias formales ante la municipalidad y la justicia, mientras se cuestionan los vínculos entre la administración municipal y los actores involucrados.
El último informe del Tribunal de Cuentas ha alertado sobre 25 empresas, fundaciones y organismos públicos, que no han presentado ni un solo dato ante el organismo. Además, habría al menos, otros 84, públicos o mixtos, con distintas funciones, que han entregado la documentación fuera de plazo.
Con esta admisión, el Tribunal de Cuentas inicia la investigación sobre el escándalo, con la apertura de la 'correspondiente pieza de Acción Pública'.
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