Eurojust ha colaborado con las autoridades de Rumanía y Moldavia en una operación coordinada contra el blanqueo de los beneficios del fraude por phishing. En esta acción, se registraron 44 ubicaciones y se identificó a un grupo de sospechosos que serán interrogados por la fiscalía. La organización criminal, que operaba desde centros de llamadas en Moldavia, logró obtener datos personales de víctimas en toda la Unión Europea, causando pérdidas financieras de aproximadamente 20 millones de euros. Las investigaciones comenzaron en noviembre de 2022 y Eurojust facilitó la creación de un equipo conjunto de investigación para apoyar las operaciones.
En una acción coordinada llevada a cabo hoy, Eurojust ha brindado apoyo a las autoridades de Rumanía y la República de Moldavia en una operación destinada a desmantelar redes dedicadas al ocultamiento y lavado de los beneficios derivados del fraude por phishing. Durante esta jornada de operaciones conjuntas, se realizaron registros en 44 ubicaciones en ambos países, lo que permitió identificar a un grupo de sospechosos que serán interrogados por los servicios de fiscalía en los próximos días.
La intervención fue posible gracias a la creación de un equipo conjunto de investigación (JIT), cuyos costos fueron financiados por Eurojust. Este equipo tiene como objetivo facilitar la cooperación judicial entre las naciones involucradas.
El grupo del crimen organizado (OCG) que ha sido desarticulado operaba desde centros de llamadas profesionalmente organizados en Moldavia, dirigiéndose a víctimas en toda la Unión Europea. La red estaba compuesta por sospechosos de nacionalidades rumana, moldava, ucraniana e italiana, quienes lograron obtener datos personales de sus víctimas. Con esta información, accedieron a detalles bancarios, permitiendo que se realizaran pagos hacia cuentas pertenecientes a la organización criminal. Hasta el momento, se han identificado treinta víctimas con pérdidas financieras que ascienden a un total de 20 millones de euros.
Las acciones realizadas hoy en Rumanía y Moldavia se centraron en un grupo específico dentro del OCG, responsable de abrir diversas cuentas bancarias utilizando frecuentemente documentos de identidad rumanos falsificados para ocultar los beneficios ilícitos obtenidos. A través de una compleja red de cuentas y plataformas financieras, el dinero fue transferido con el fin de dificultar las investigaciones sobre su origen. Además, parte del capital fue convertido en criptomonedas y negociado entre diferentes billeteras electrónicas.
Las actividades delictivas del grupo han estado en marcha desde al menos 2013. Las investigaciones detalladas sobre este grupo criminal comenzaron en noviembre de 2022, bajo la dirección de la Fiscalía Moldava para el Combate del Crimen Organizado y Casos Especiales.
Eurojust facilitó la formación del JIT en marzo de 2025 y también apoyó a las autoridades rumanas y moldavas en la ejecución de solicitudes para Órdenes Europeas de Investigación. Moldavia es uno de los doce países que cuentan con un Fiscal Liaisón en Eurojust.
Las operaciones realizadas fueron solicitadas y ejecutadas por las siguientes instituciones:
* Los otros países son: Albania, Georgia, Islandia, Montenegro, Macedonia del Norte, Noruega, Serbia, Suiza, Ucrania, Reino Unido y Estados Unidos.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 44 | Ubicaciones buscadas en Rumanía y Moldavia |
| 30 | Víctimas identificadas |
| 20 millones EUR | Pérdidas financieras totales sufridas por las víctimas |
| 2013 | Año desde el cual han estado activas las actividades criminales de la red |
| 2022 | Año en que se iniciaron las investigaciones detalladas sobre el grupo criminal |
Eurojust apoyó a las autoridades de Rumanía y la República de Moldavia en una operación coordinada contra la ocultación y el blanqueo de los beneficios del fraude de phishing, que incluyó la búsqueda de 44 ubicaciones en ambos países.
Se identificaron treinta víctimas, con pérdidas financieras que ascienden a un total de 20 millones de euros.
Las actividades criminales del grupo han estado en curso desde al menos 2013.
Se estableció un equipo conjunto de investigación (JIT) para coordinar las acciones entre los países involucrados.
Las operaciones fueron llevadas a cabo por la Dirección para la Investigación del Crimen Organizado y el Terrorismo (DIICOT) de Rumanía y la Oficina del Fiscal para Combatir el Crimen Organizado y Casos Especiales (PCCOCS) de Moldavia.