El Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha conseguido que el Tribunal de Cuentas investigue las contrataciones irregulares de personas cercanas a José Luis Ábalos en empresas públicas. La portavoz del GPP, Pilar Alía, denuncia el uso indebido de fondos públicos y solicita un análisis exhaustivo de los contratos laborales entre 2018 y 2024 en varias entidades. Se exige una revisión detallada de los procesos de selección, así como las funciones desempeñadas por los trabajadores, para asegurar la legalidad y eficiencia en el uso de recursos públicos. Esta investigación surge tras declaraciones que cuestionan la transparencia en las contrataciones.
La portavoz del GPP en la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, Pilar Alía, ha denunciado el presunto “uso indebido de fondos públicos” en la contratación de personas cercanas al exnúmero dos del presidente Sánchez. Gracias a una iniciativa del Partido Popular, se ha logrado que el Tribunal de Cuentas inicie una investigación sobre este asunto.
En concreto, se examinarán los contratos laborales de empleados en varias empresas públicas, incluyendo TRAGSATEC, LogiRAIL, INECO y Emfesa, durante el periodo comprendido entre 2018 y 2024. La petición incluye un análisis exhaustivo que cruce los datos de estos contratos con los registros horarios correspondientes.
El Grupo Popular también exige que el informe resultante proporcione información detallada sobre la trazabilidad de las contrataciones, desde la publicación de la oferta hasta la cobertura del puesto. Esto implica la presentación de criterios de selección utilizados, así como las pruebas realizadas, puntuaciones obtenidas y resultados de las bolsas de trabajo.
Además, se solicita que se especifiquen las funciones asignadas y desempeñadas por cada trabajador durante su jornada laboral. Alía subraya que esta investigación es crucial debido a las declaraciones realizadas por algunos contratados, quienes han cuestionado “los procesos de selección y la prestación de servicios”, así como la legalidad y eficiencia en el uso de recursos públicos.
La portavoz del GPP, Pilar Alía, denuncia “el uso indebido de fondos públicos” en la contratación de personas vinculadas al exnúmero dos de Sánchez.
El GPP ha logrado que el Tribunal de Cuentas proceda a investigar las contrataciones en empresas públicas entre los años 2018 y 2024.
Las empresas públicas mencionadas son TRAGSATEC, LogiRAIL, INECO y Emfesa.
El GPP solicita un análisis detallado de los contratos laborales, los criterios de selección seguidos, las pruebas de nivel y las funciones asignadas a cada trabajador.
El GPP subraya que la investigación es imperiosa debido a declaraciones de personas contratadas que cuestionan los procesos de selección y el uso de recursos públicos.