Un juez de Sevilla ha planteado la posibilidad de presentar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la aplicación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que regula los plazos de instrucción. Esto surge tras un fallo de la Audiencia Provincial que determinó el incumplimiento de dichos plazos en una investigación relacionada con presuntos delitos de prevaricación y malversación en la concesión de ayudas a la empresa Tartessos Car S.L. El magistrado ha propuesto tres opciones procesales: continuar las actuaciones, archivar el caso o consultar al TJUE sobre la compatibilidad del artículo con el Derecho comunitario. La decisión busca evitar situaciones de impunidad en casos de corrupción que afecten a los intereses financieros de la UE.
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