La Junta de Andalucía ha ampliado la prestación económica a los abogados de oficio para el asesoramiento en procesos de mediación obligatorios, incluso si no se alcanza un acuerdo. Esta medida, que entra en vigor el 1 de enero de 2024, responde a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia y busca fomentar la resolución alternativa de conflictos antes de iniciar demandas. Los abogados podrán recibir hasta 400 euros por sus servicios, mientras que se está creando el Servicio de Mediación Civil y Mercantil (SEMCA) para facilitar estos procesos. La estrategia andaluza promueve el diálogo y busca reducir la carga judicial mediante la mediación.
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