Un nuevo marco legal en Kentucky, bajo la forma de la ley SB 199, ha establecido un escudo para las empresas de pesticidas al protegerlas de demandas si sus etiquetas cuentan con la aprobación de la EPA (Agencia de Protección Ambiental de EE. UU.). Esta legislación, que entrará en vigor el 15 de julio, fue aprobada tras la anulación del veto del gobernador Andy Beshear por parte de la legislatura republicana. Los críticos advierten que esta medida podría obstaculizar las advertencias estatales sobre salud, especialmente en productos basados en glifosato como Roundup.
La ley se suma a un creciente movimiento en varios estados, donde ya se han presentado iniciativas similares. En total, siete estados están considerando leyes que limitan la responsabilidad legal de los fabricantes de pesticidas, con Georgia y Dakota del Norte ya implementando medidas parecidas.
Nueva norma legal en el horizonte
Kentucky se convierte así en el tercer estado en aprobar una legislación que exime a los fabricantes de pesticidas de responsabilidades legales si sus etiquetas cumplen con los estándares establecidos por la EPA. La SB 199 establece que no se podrá demandar a una empresa en Kentucky por no advertir sobre riesgos para la salud —incluyendo el cáncer— si su etiqueta tiene la aprobación correspondiente. Este desarrollo ocurre en un contexto nacional donde se busca restringir las regulaciones estatales sobre pesticidas.
Los defensores de esta ley argumentan que proporciona certeza regulatoria a los agricultores. Sin embargo, quienes están en contra sostienen que socava la supervisión estatal sobre la seguridad de los pesticidas. El agricultor Matt Gajdzik, propietario de Mulberry Orchard en Shelbyville, defendió estas leyes diciendo: “Necesitamos todas las herramientas posibles para producir alimentos seguros y de alta calidad”.
Contexto histórico: glifosato y Roundup ante los tribunales
La batalla legal relacionada con la responsabilidad por pesticidas ha cobrado fuerza desde que Bayer adquirió Monsanto en 2018, heredando miles de demandas que alegan que Roundup —que contiene glifosato— causa cáncer. Las acusaciones incluyen afirmaciones de que Monsanto redactó estudios clave sobre seguridad, lo cual llevó a retirar un artículo destacado de una revista científica. A pesar de reformular su producto para consumidores en 2023, Bayer continúa vendiendo productos industriales basados en glifosato.
El momento en el que se promulga esta ley es crucial; se espera que la Corte Suprema de EE. UU. decida este verano si las etiquetas federales para pesticidas anulan las reclamaciones estatales sobre falta de advertencias. Esta decisión podría debilitar o fortalecer aún más los escudos legales establecidos a nivel estatal.
Debate sobre responsabilidad del consumidor
Los defensores del consumidor argumentan que estos escudos legales eliminan un control esencial sobre el comportamiento corporativo. Según PIRG, aproximadamente 280 millones de libras de glifosato son aplicadas anualmente a cerca de 300 millones de acres de tierras agrícolas estadounidenses. En aquellos estados donde existen estos escudos, los consumidores no pueden demandar por falta de advertencias sobre cáncer a menos que se demuestre que los fabricantes ocultaron información intencionadamente.
A pesar del apoyo entre algunos republicanos como el presidente del Senado Robert Stivers, otros miembros del partido han expresado su oposición a esta legislación. Recientemente, esfuerzos similares fueron derrotados en Florida.
Posibles implicaciones federales
A medida que se acerca el fallo del Tribunal Supremo, la ley de Kentucky podría servir como modelo para futuras legislaciones federales. La combinación entre los escudos legales estatales y las propuestas federales indica un esfuerzo coordinado por parte de los fabricantes de pesticidas para limitar su responsabilidad judicial. Para los consumidores, queda por ver si las etiquetas aprobadas por la EPA ofrecen suficiente protección o si actúan como un límite frente a advertencias más estrictas sobre salud.
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